Las ayudas sociales y médico farmacéuticas a las que desde 1999 tienen derecho los más de 700 trabajadores del Ayuntamiento de Torrevieja están en el aire. El abono de servicios de óptica (gafas graduadas), ortodoncias, tratamientos médicos, ortopedia, ayudas de escolarización o matrículas universitarias, entre otra prestaciones está bloqueado. Las subvenciones destinadas a funcionarios y personal laboral habían y familiares directos -hijos y padres- que vivan bajo el mismo techo estaban asumidas como un derecho desde hace más de 15 años y ahora están paralizadas. En total el Ayuntamiento cuenta con una partida anual de 550.000 euros destinada a este usa. Está consignado pero sin pagar todo el ejercicio de 2014 y 2015 hasta la fecha.
¿Cuál es la razón? La interventora ha advertido que los cambios en el convenio colectivo de 2008 y 2010 del Ayuntamiento, comunicados a la Subdelegación del Gobierno, no fueron publicados oficialmente y por lo tanto no tienen vigencia legal. Y el problema es que tras los recortes en las administraciones públicas impuestos por el Gobierno para contener el déficit y racionalizar la gestión pública esas subvenciones no se consideran prioritarias, solo voluntarias. Con este argumento la máxima responsable del departamento económico municipal ha informado que oficializar estos cambios ahora no tendría validez desde el punto de vista jurídico.
Contra esa determinación, según han indicado fuentes de la junta de personal, ha presentado un informe el funcionario responsable de Recursos Humanos, de menor rango que la interventora. Este técnico entiende que hubo mutuo acuerdo entre las partes para validar el convenio colectivo y por lo tanto está vigente. Nadie sabe por qué se olvidó publicar modificaciones de 2008 y 2010. Los cambios no eran sustanciales.
El acuerdo era tan antiguo que las cantidades estaban expresadas en pesetas y se trasladaban a euros. También se modificaron algunos requisitos a la hora de justificar los gastos, como datos más completos de las facturas, porque en algunos casos aislados se abusaba de las solicitudes de ayudas. Según el caso esta ayuda municipal cubre una cantidad fija por un servicio -por ejemplo, la extracción de un diente-, y en otros se fija el porcentaje máximo de la asistencia que van a recibir, al margen de lo que cueste finalmente, porcentaje que puede llegar a alcanzar hasta el 60% del coste, como por ejemplo con la adquisición de una silla de ruedas. De este gasto de los funcionarios se benefician además de forma mayoritaria profesionales del pequeño comercio local. Son prestaciones especialmente relevantes para funcionarios con sueldos muy ajustados, como peones o subalternos.
Las peticiones de ayudas, que cubren por ejemplo hasta 200 euros para gafas graduadas o 150 por cada uno de los hijos escolarizados, están informadas por los servicios técnicos con los justificantes del gasto. La junta de personal, con mayoría del sindicato independiente de funcionarios, tiene previsto convocar además una asamblea general de trabajadores para el 11 de mayo.
Pelea de técnicos
Según las mismas el equipo de gobierno circunscribe este asunto a una diferencia de criterio entre los técnicos en la que no puede mediar. El alcalde Eduardo Dolón no parece vislumbrar una salida clara al problema. Hasta tal punto que ha convocado una reunión para este jueves con la junta de personal para explicar qué va a hacer. En la constitución de la nueva junta de personal hace unas semanas-tras el proceso electoral-y cuando ya se vislumbraba este problema trasladó de forma informal que no quería pasar por ser el alcalde que «retiró» las ayudas sociales, muy arraigadas en el Consistorio como un complemento al sueldo. Pero tampoco, dejó claro, iba a arriesgarse a verse en el juzgado por autorizarlas exclusivamente por una decisión política si no estaba suficientemente avalada por los técnicos.
