El alcalde José Manuel Butrón Sánchez (PSOE) declaró ayer como imputado por los supuestos delitos de prevaricación en la gestión urbanística -expedientes de demolición sin ejecutar de varias viviendas en el campo, una discoteca y una nave industrial - y cohechoimputado prevaricación cohecho. El primer edil se ratificó en su declaración judicial ante la Guardia Civil en la que dijo que firmaba los expedientes que los funcionarios «le ponían por delante», aunque ayer matizó que cuando acudió a declarar ante la Policía Judicial no se los había leído y para su comparecencia de ayer sí. Butrón, alcalde desde 1990, estuvo en declarando en la sede judicial durante casi una hora y media.
Dijo a la Fiscal además sobre la falta de ejecución del expediente de demolición de la discoteca Revival, levantada en el parque natural de la lagunas y que funcionó durante más de veinte años, que el local tenía una licencia de apertura del Ayuntamiento de Almoradí -antes de la segregación de Los Montesinos-, y no se llegó a demoler porque «no está pendiente» únicamente de estos procedimientos y «confía en los técnicos para que le pasen el expediente y dictar la resolución que debe de tomar».
Butrón, que no quiso contestar a la acusación ejercida por Izquierda Unida-LUT, centró su defensa en la figura del denunciante con el que, dijo a preguntas de la Fiscal, «no se puede trabajar» porque «le grita y le insulta» y no «le coge el teléfono». Las denuncias del funcionario, dijo Butrón tienen su origen en una petición del técnico de incentivos para que abordara los asuntos urbanísticos. El jefe de Urbanismo sin embargo asegura que ocurrió a la inversa. El primer edil le pidió supuestamente que dejara de lado los expedientes urbanísticos delicados a cambio de esa mejora salarial. De ahí el supuesto delito de cohecho, que el técnico llevó a la Guardia Civil en 2012. La letrada del jefe de Urbanismo declinó interrogar al alcalde.
Tres años
A la salida del juzgado, Butrón dijo que «por fin» había podido acudir al juzgado para contar «la verdad» frente a las «patrañas» de quien denunció los hechos, en alusión al jefe de Urbanismo y que se «demostrará quién tiene la razón» «Tres años esperando...yo creo que ya está bien», subrayó. Su abogado, Antonio Sánchez, salió al quite para especificar que los expedientes de infracción urbanística denunciados siguen abiertos y por resolver. Es decir, la Administración sigue tramitándolos y no «estaban en un cajón» como mantiene el funcionario denunciante, que ha puesto patas arriba el gobierno local desde hace más de tres años.
El alcalde también justifica la falta de actuación municipal contra la nave industrial y las casas ilegales en la falta de medios de un municipio pequeño, sobre todo, durante el boom. El citado letrado dijo a los periodistas que «el jefe de Urbanismo mantiene una actitud falsaria» y ha «coaccionado» a los alcaldes de los ayuntamientos en los que ha trabajado, con una actividad «lindante en la calumnia». Siempre según este letrado, Antonio Sánchez, el Jefe de Urbanismo también está imputado en la causa por una supuesta prevaricación ligada a un expediente urbanístico.
