Sirem (antes Colsur), la mercantil en manos del empresario Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal y adjudicataria de los servicios de limpieza y eliminación de basura en la mitad prácticamente de los municipios de la Vega, no está abonando desde hace cinco meses la mayoría de las facturas que le reclama Abornasa, la empresa de Crevillent que se encarga de esta última fase del proceso, lo que ha provocado que ésta comience a desviar las facturas a los municipios, según confirmó INFORMACIÓN. «Desde el pasado mes de junio, nos hemos tropezado con la actitud por parte de Sirem de no recepcionar ni aceptar nuestras facturas, con el perjuicio que ello nos provoca, no sólo por la falta de pago del servicio prestado, sino también a efectos fiscales, con la liquidación mensual a la AEAT que asumimos al estar la empresa obligada a dicho periodo, de un IVA repercutido que no se atiende», se queja la empresa crevillentina en una de las misivas a la que ha tenido acceso esta redacción.
Los ayuntamientos de la Vega se comprometieron ante el Consorcio a asumir cualquier impago por parte de las adjudicatarias de este servicio la pasada primavera cuando precisamente Abornasa cerró sus puertas para una parada técnica de semanas y tuvo que habilitarse soluciones de emergencia que pasaron por llevar las basuras a las plantas de Elche, Xixona y Villena como alternativas y con un incremento de precios por el transporte añadido para la eliminación.
Desde que el Consorcio ofreció esa solución y los ayuntamientos, ahogados, aceptaron, se hicieron cargo también con aquel acuerdo de los impagos que pudiera generar las empresas que les prestan el servicio lo cual les obligará ahora a repercutirlo en los recibos que pagan a Sirem en lo que ya se intuye como otra batalla legal porque la mercantil lleva más de un año asegurando a estos que no puede pagar los sobrecostes en el precio cuando éste es el resultado de la decisión que adoptó el aún gestor de las basuras, la UTE Cespa-Ortiz (a quien se votó en septiembre echar, lo que está en fase de alegaciones), de poder decirle a cada municipio dónde debía verter dejándole sin maniobra ni para negociar ni para decidir dónde y cuando tenía con todos ellos firmados acuerdos para la eliminación a precios que, en algunos casos, eran solo de 8 euros por toneladas (Granja de Rocamora).
Competencia
Sirem se adjudicó tanto este contrato como muchos otros para la limpieza y eliminación a un precio sin posible competencia en la mayoría de los municipios pequeños de la Vega Baja, como Rojales (este lleva al pleno de diciembre el inicio del procedimiento de rescisión), Redován, Algorfa, Callosa de Segura, Daya,... pero ahora no puede pagar 41 euros más IVA, que es lo que tiene que abonar en Crevillent, por lo que considera que existe un desequilibrio económico originado por la UTE y el Consorcio que no tiene por qué soportar. Diversas fuentes consultadas consideran que la decisión de Sirem responde a una estrategia para acabar con los contratos de eliminación, que le han supuesto un perjuicio de más de 2,5 millones de euros por este cambio de lugar de eliminación -antaño la mercantil realizaba esta operación en Proambiente-, algo que no está dispuesto a seguir asumiendo; es decir, un servicio a pérdidas.
