La comisión de gobierno del Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja se reunirá el 1 de agosto para rescindir el contrato con la UTE Cespa-Ortiz para la gestión de las basuras de la comarca (27 municipios y 245.000 toneladas anuales a través de un contrato de más de 248 millones de euros por 20 años). El anuncio de la presidenta, Luisa Pastor, se realizó ayer tarde después de que los dos estudios jurídicos que solicitó -al profesor Luciano Parejo, de la Universidad Carlos III; y al catedrático de Derecho Administrativo, David Blanquer- digan lo mismo: la adjudicataria carece de los terrenos -en Albatera y en Cox- que ofertó para ganar un multimillonario concurso que había acabado en los juzgados de Orihuela como una pieza más del sumario del Brugal, en el que se investiga una supuesta corrupción política para beneficiar a algunos de los ofertantes con la adjudicación y por el cual están imputados, entre otros, el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; y el empresario, Enrique Ortiz, entre otros.
El hecho de la existencia de esta investigación judicial en marcha desde hace más de cinco años no impidió en junio de 2013 a la propia Luisa Pastor la firma del convenio con la UTE que está bajo sospecha. Entonces, la presidenta del Consorcio justificó su decisión en que podrían enfrentarse a una millonaria indemnización porque otra resolución, en vía contenciosa, decía a quién había que adjudicar.
¿Qué ha pasado desde entonces? Lo principal es que la mercantil, que depositó un aval de 1,9 millones de euros, ha sido incapaz de poner en marcha la solución transitoria; es decir, iniciar el proyecto que contemplaba la construcción de un macrovertedero en Albatera mediante la puesta en marcha de una planta de transferencia en el polígono del Carmen en Cox. Los dos informes son muy contundentes. De hecho, el de la Universidad Carlos III dice, entre otras cosas: «...no cabe tampoco ninguna duda que la manifestación falsa de la entidad concesionaria ha viciado el acto de adjudicación del Consorcio al constituir un claro ejemplo de dolo en la formación de la voluntad de la Administración pública que conduce, por ello, a la necesaria invalidez del mismo». Y en la propuesta, que es lo que se vota, los técnicos añaden que en este proceso la UTE ha solicitado la expropiación del suelo y «con independencia de que tuviera o no la disponibilidad de todos los terrenos inicialmente como afirmara, ya fuera por mala fe o simple negligencia, lo cierto es que ello revela que no puede aportar los terrenos a que se comprometió para la nueva adjudicación».
Los técnicos recuerdan que es el adjudicatario el que tiene que obtener todas las autorizaciones y licencias necesarias para el ejercicio de la actividad y que con ello asume un riesgo que, en este caso, es el de no haberlas obtenido. Además, en su propuesta de resolución recuerdan que cuando un contrato se resuelve por causa imputable al concesionario, como sería el caso, «le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios ocasionados....». Por ello reclaman que el Consorcio se quede 1.982.977,91 euros que la UTE avaló para hacer frente a sus responsabilidades.
La propuesta que se vota el día 1 de agosto tiene por adelantado el sí de la práctica totalidad de alcaldes de la Vega Baja y siendo planteada por la propia presidenta del Consorcio nada hace dudar cuál será el sentido de su voto. Queda por saber qué piensa la Generalitat, aunque su porcentaje de votos es pequeño. La realidad es que en las filas socialistas había un enorme malestar porque aunque desde hace días los informes están en poder del Consorcio, no tuvieron oportunidad hasta ayer para acceder a los mismos. Por su parte, la UTE esperaba desde hace meses una solución como la que ayer se dio y su gabinete jurídico no está de acuerdo con la rescisión. A partir del 1 de agosto comenzará una batalla judicial.
