La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela, Raquel Lacunza, ha imputado por malversación a los dos exalcaldes socialistas que gobernaron Bigastro durante la pasada legislatura, José Joaquín Moya y Raúl Valerio Medina, este último actual portavoz de la oposición del PSOE y diputado provincial del mismo partido, en el marco de la instrucción que trata de esclarecer la existencia de una presunta trama corrupta dirigida desde el consistorio para pagar falsas cotizaciones en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a 45 personas durante nueve años. Este fraude que ha ido desvelando INFORMACIÓN ha sido constatado y multado con 60.000 euros por la Inspección de Trabajo y habría permitido a los beneficiarios, principalmente familiares y conocidos de los gobernantes, acceder a prestaciones como el paro e incluso pensiones de jubilación.
Además de los dos exregidores socialistas, la jueza ha imputado también por malversación a los exconcejales del PSOE Joaquín María Pérez, María Carmen Grau y María Carmen Alonso, así como al exsecretario del Ayuntamiento, Antonio Saseta.
La providencia judicial en la que se citaba a declarar en calidad de imputados a los exalcaldes, exediles y el funcionario data del 1 de julio de 2014 y se les requería para que se presentaran en el juzgado el día 23 de ese mismo mes si bien esa comparecencia finalmente se aplazó por la interposición de un recurso de reforma de los imputados. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que los implicados solicitaron la suspensión del señalamiento previsto hasta que pudieran tener acceso al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que se detallan las cotizaciones fraudulentas de los 45 vecinos que se beneficiaron de esta trama. Pues bien, el pasado 13 de octubre ese informe fue firmado por los inspectores de ese departamento, quienes determinaron que el consistorio había «simulado relaciones laborales» para que estas personas accedieran al cobro de subsidios de forma «fraudulenta», pues no existe documentación que pruebe que estos vecinos cobraban una nómina por trabajar supuestamente en fincas agrícolas del Ayuntamiento y tampoco hay constancia de contratos laborales. Este fraude en las cotizaciones ha sido sancionado por la Inspección de Trabajo con una multa de 60.000 euros que deberá de pagar el consistorio. Durante el último año han comparecido ante los inspectores que instruyen la causa los 45 jornaleros que se beneficiaron de estas prácticas, pero la falta de documentación que apoye sus explicaciones han llevado a la Inspección a interponer la sanción al considerar que todo fue un fraude.
Ronda de declaraciones
Ahora, se espera que los seis imputados inicialmente en esta instrucción judicial sean llamados a declarar en breve, puesto que en un principio fueron imputados sin que la Inspección hubiera terminado el informe y en base a la documentación oficial que obraba en el Ayuntamiento, mientras que la sanción interpuesta ahora certifica que, según los inspectores, se estuvo cometiendo un «fraude de ley» porque se «simuló la actividad agraria» con el objetivo de obtener «prestaciones fraudulentas».
El pago de las cotizaciones en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social con dinero público comenzó en noviembre de 2001 cuando gobernaba el exalcalde José Joaquín Moya y continuó tras su detención y posterior dimisión bajo el mandato de su sucesor, Raúl Valerio Medina. En total, más de 750 meses de falsas cotizaciones a 45 personas de las que 42 son mujeres de Bigastro de avanzada edad que ven peligrar hoy algunas de sus pensiones de jubilación.
