Un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social descubre que el Ayuntamiento de Bigastro ha declarado más de 750 meses de presuntas falsas cotizaciones en el Régimen Especial Agrario a lo largo de nueve años y a jornaleros que carecían de contrato con la administración local y que, al parecer, tampoco percibían nómina ya que no existe constancia en la contabilidad municipal. Llama la atención que de las 48 personas que pudieron beneficiarse de estas irregularidades denunciadas entre 2002 y 2011, un total de 45 (92%) son mujeres, en su mayoría de avanzada edad que, en algunos casos habrían conseguido acceder a pensiones gracias a las falsas cotizaciones declaradas desde las arcas municipales y que se adeudan aún a la Tesorería. Entre los vecinos de Bigastro se ha desatado estos últimos días a raíz de la publicación de la denuncia una gran alarma social debido a que, presuntamente, son muchas las vecinas que ahora cobran pensiones.
Dicho documento obra ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción 1 de Orihuela, que dirige la investigación para esclarecer si los supuestos jornaleros fantasma realizaron trabajos agrarios para el Ayuntamiento o si en realidad solo se beneficiaban de las cotizaciones para poder acceder después a prestaciones sociales.
Según ha podido saber INFORMACIÓN, el magistrado encargado del caso dispone de igual modo de algunos documentos elaborados por el servicio de asesoría externo contratado en aquellos años por el Ayuntamiento en los que, de forma mensual, se resumía el montante de las nóminas de los empleados municipales y los costes de sus cotizaciones, que se derivaban a distintas cuentas de la Seguridad Social en función de si se trataba de funcionarios, de personal laboral eventual o trabajadores agrarios, como era el caso.
Fue precisamente en junio de 2011 cuando el nuevo equipo de gobierno liderado por la regidora, Charo Bañuls (PP), recibió, tal y como era habitual, un informe de la asesoría que detallaba las cotizaciones de los empleados relativas al mes anterior. Las alarmas saltaron cuando se detectó que estaban dadas de alta en el Régimen Especial Agrario en esos momentos una decena de vecinas que no efectuaban trabajo para el Consistorio. Entonces se dio la orden de tramitar las bajas de estas falsas jornaleras y se solicitó un informe a la Seguridad Social para conocer si estas cotizaciones se habían abonado con anterioridad. Dicho documento reveló que la práctica fraudulenta se remontaba, al menos, al año 2002, cuando el Consistorio estaba gobernado por el entonces alcalde José Joaquín Moya (PSOE) y continuó durante el mandado de su sucesor, el ahora diputado provincial y portavoz de la oposición, Raúl Valerio Medina (PSOE).
El gobierno de Bañuls buscó entonces en los archivos del Ayuntamiento los acuerdos de juntas de gobierno o resoluciones de Alcaldía que justificaran la contratación de estos jornaleros durante los últimos nueve años, así como los contratos laborales y el registro del pago de los salarios que, supuestamente, habrían estado recibiendo, pero no encontraron absolutamente nada, según se desprende de los informes que maneja el juzgado.
Producción
Fuentes municipales explicaron que el Ayuntamiento de Bigastro cuenta con más de 50 tahúllas agrícolas repartidas por su término municipal pero solo un par de fincas mantienen producciones agrícolas de mandarinas. Al menos durante los años 2009 y 2010, el Consistorio vendió la producción de estas frutas a una empresa oriolana que llevó a cabo la recolección de la cosecha con su propia plantilla de trabajadores y las supuestas jornaleras dadas de alta en ese momento no realizaron trabajo alguno que se conozca en ninguna parcela. El juez ha exigido ahora un informe a los servicios de Intervención municipales sobre el perjuicio patrimonial causado al Ayuntamiento por este presunto fraude. Se calcula que la cantidad no será excesivamente elevada porque las cantidades que se cotizan en el Régimen Especial Agrario no son demasiado altas.
