Los 212,5 años de prisión que se reparten en sus respectivas penas los quince empresarios de la Vega Baja y Murcia condenados por delitos fiscales cometidos en los años 2002 a 2004 no son sólo las más altas impuestas nunca en los juzgados de Orihuela, son una cantidad «excesiva» para letrados consultados por este diario, aunque la ley es la ley. La mayoría de delitos fiscales acaba en un acuerdo entre los acusados y el Ministerio Público que supone el pago de las cantidades defraudadas y unas penas que eviten, en la mayoría de casos, sus ingresos en prisión porque difícilmente un empresario va a poder mantener su negocio si acaba en la cárcel, entienden fiscales consultados por este diario que consideran que la Agencia Tributaria se da por satisfecha con el cobro de las cantidades defraudadas y la multa. En este caso, no se pudo llegar a un principio de acuerdo entre las partes.
Según pudo saber INFORMACIÓN, las cantidades que se solicitaban eran tan elevadas -más de 14 millones de euros- que era prácticamente imposible que hubiera un acuerdo; máxime, cuando los letrados de las defensas consideraban que existían numerosas causas de nulidad del proceso. Algunos de ellos eran exinspectores de Hacienda que se conocían la legislación tributaria al dedillo. Otra cuestión es que la magistrada no haya aceptado sus argumentos. Precisamente el poco espacio que dedica para rebatirles sus peticiones de nulidad, es una queja generalidad.
Sociedades
En cualquier caso, este largo proceso que ha terminado con Ángel con una condena de 35 años de prisión como cabecilla de la red a través de las empresas Colsur y Proambiente que se beneficiaron de las facturas falsas «fabricadas» por el resto de mercantiles para evitar el pago de los impuestos de Sociedades y del Valor Añadido, por hechos ocurridos hace una década, aún tiene por delante varios años más, algunas fuentes apuntan hasta cinco, para evitar la prisión en el peor de los casos. De entrada, el primer objetivo de los abogados va a ser lograr que la sección VII de la Audiencia, ante la cual tendrán que presentar sus recursos, revoque el fallo de la titular del juzgado. Después cabe un recurso extraordinario ante el Supremo y, por último, pedir el indulto.
