El concejal de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), anunció ayer que la Asociación Cultural Moros Beduinos se instalará durante las próximas Fiestas de la Reconquista en un espacio público de la calle Extremadura, relativamente cercano a la calle País Valenciano y al IES Severo Ochoa. El cambio de ubicación, desde la Plaza de la Ocarasa, se realizará por decreto y, a priori, no tiene que producirse ningún contratiempo más ya que este sitio ha sido propuesto por los propios representantes de este colectivo, dijo. Como ya publicó INFORMACIÓN, la Junta Central, que en principio se negó en redondo a permitir que otras entidades distintas a sus 18 comparsas obtuvieran autorización municipal, como era este caso, consideraba además que la elección de «La Ocarasa» era la peor de todas por la proximidad a la salida de los actos festeros y a otra comparsa con la que hace dos años hubo incidentes que terminaron en denuncias en los juzgados.
El concejal, que salió a pedir paz y fiesta, agradeció a la Asociación Cultural que fue los que planteara este espacio y que es nuevo a los dos que originalmente propuso a su solicitud ante su departamento: La Ocarasa o la calle Huertas. Antonio Zapata insistió en que el Ayuntamiento no tiene nada que ver en este conflicto entre festeros y exfesteros y, como ya hiciera el presidente de la Junta Central, Antonio Manuel García, se comprometió a partir de septiembre a negociar una modificación de la ordenanza de vía pública que beneficie a todos, algo que parece imposible por dos motivos. Uno es porque mientras la Junta Central pretende que nadie más que sus comparsas asociadas puedan instalar kábilas y cuartelillos durante las Fiestas de la Reconquista, la Asociación Cultural pretende que no se permita una regla en contra de colectivos como el suyo, algo que ya ha hecho valer en los juzgados con dos recursos contenciosos contra los acuerdos del departamento de Urbanismo, de 2012 y 2013, por los cuales se les prohibió montar. Precisamente, el primero de estos procedimientos se resolverá este otoño y los recurrentes solicitan una indemnización de 7.000 euros, según fuentes municipales. El segundo es que el equipo de gobierno carece de fuerza para aprobar cualquier modificación al estar en minoría; es decir, cuando en septiembre supuestamente se siente a negociar una modificación de la normal necesitarán contar, también, con la oposición que tiene los votos. Las relaciones entre bipartito y PP no invitan a pensar ahora que se alcance este acuerdo.
A la pregunta de por qué el equipo de gobierno ha decidido este año permitir que se monte la kábila y en años anteriores no cuando, en teoría, las circunstancias son las mismas, sólo se encuentra respuesta en el hecho de que para el caso que los jueces den la razón a la Asociación Cultural, la responsabilidad civil derivada de ese derecho a montar que se les privó tendría que ser sufragado por el Ayuntamiento de Orihuela, como una condena y por vía de la indemnización. El acuerdo alcanzado para que puedan montar, según diversas fuentes, podría llevar aparejado que retiren sus dos recursos, en el segundo, al parecer, reclaman diez mil euros.
Zapata fue claro en una idea, el Ayuntamiento no está a favor ni en contra de nadie en este conflicto, «es igual para todos y aplica la ley en función de las circunstancias». Aún y así fue crítico con la Junta Mayor por ese ultimátum que lanzaron al equipo de gobierno para que retirara su decreto o suspenderían actos de fiestas. «La única reflexión que todos deben hacer es que esto no vuelva a suceder». Pero eso no parece que vaya a ser lo que ocurra.
