«Proambiente» no echará el cierre tal y como aseguró el martes el eurodiputado Andrés Perelló (PSOE) con base en una respuesta que el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, le dio a una serie de preguntas que le realizó sobre las supuestas irregularidades en el vertedero, a caballo entre la pedanía oriolana de La Murada y la localidad murciana de Abanilla. Es más, el consejero delegado Antonio Joaquín Fenoll depositó el pasado lunes un aval de 2 millones de euros en el juzgado de Cieza que investiga un supuesto delito medioambiental como un paso previo para poder volver a enterrar basura (en estos momentos sólo tiene autorizado el procedimiento de valorización o separación de materiales por la Región de Murcia).
Según declaró a la agencia Efe el eurodiputado socialista, la Comisión Europea ya había instado a las «autoridades competentes» españolas a tomar cartas en el asunto para el cierre, sellado y regeneración, «así como de todos los vertederos ilegales existentes en el país» con base en que se habían constatado, «graves violaciones de, como mínimo, las directivas sobre vertido y gestión de residuos». La realidad es que estos hechos, según explicó el portavoz de la mercantil, se remontan a 2012 y, precisamente, dieron lugar a todas las actuaciones que se están realizando ahora, bajo la supervisión de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia y con el único objeto de volver a trabajar tras regenerar la Sierra de Abanilla y su LIC (Lugar de Interés Comunitario) en un proyecto que realiza la propia mercantil bajo supervisión de los técnicos de la administración murciana.
«La orden -dijo ayer Antonio Joaquín Fenoll- se basa en un informe de 2012 y desde entonces ya se ha procedido a dicho sellado y posterior regeneración de la Sierra de Abanilla afectada por las obras. Ahora estamos en disposición de abrir un nuevo vaso para el depósito de residuos, una vez que se han cumplido todos los trámites de restauración ambiental del vaso denunciado en su día y después de que hemos depositado en el juzgado de Cieza la fianza que nos reclamaban para garantizar que se llevaran a cabo dichas obras». De hecho, la mercantil cree que será cuestión de días volver a funcionar con total normalidad tras casi dos años de parón y de trabas por parte del Ayuntamiento de Orihuela, que le ha abierto hasta siete expedientes por actividades que carece de licencia y que «Proambiente» sitúa en la Región de Murcia, no en la Comunidad Valenciana -la mercantil ocupa una extensión de terreno a caballo entre ambas-.
Desde la propia Consejería de Presidencia de la Región de Murcia recordaron ayer que, «a día de hoy, ninguno de los vasos del vertedero están activos», de ahí que la petición de Bruselas parezca un tanto desfasada, según estas mismas fuentes. Y recuerdan que «para garantizar la ejecución de las actuaciones de restauración de la sierra se estableció la obligación a la empresa de depositar una fianza ante la Comunidad Autónoma por la cantidad de 3,3 millones de euros», cantidad que ya ha sido abonada por Proambiente. También se añadió que desde que se cerró el vertedero «han informado puntualmente a la Comisión Europea de los trabajos realizados para alcanzar el cese y restauración de la zona de Abanilla».
Críticas
La noticia generó ayer una avalancha de críticas. Así, Compromís dijo que «la Conselleria de Medio Ambiente tiene que reconocer su error al permitir la continuidad de un vertedero que sigue investigado en diferentes procesos judiciales y explicar si piensa adoptar alguna medida para proceder a esta clausura que demandan desde la administración europea», dijo Mireia Mollà, quien añadió que «trasladaremos esta cuestión también a nuestro diputado, Joan Baldoví, para que el Ministerio de Medio Ambiente indique cómo va a concretar esta medida exigida por Bruselas».
Por su parte, Els Verds, matizaba y mucho la respuesta que el comisario de Medio Ambiente también les había dado a ellos sobre este asunto y a través de su diputado Iñaki Irazabalbeitia del Grupo Verdes-ALE, «sin duda la contestación supone un avance si bien hay que tener en cuenta que la exigencia del cierre de los vertederos ilegales no es más que una exposición de una acción de la Unión que ya viene de lejos, desde que en 1999 se aprobara la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, por lo que deberemos seguir atentos y con esta contestación exigir por un lado de la Conselleria que haga real el cierre formal y que no mienta más a la Institución europea, pues de ello puede derivarse sanciones que nos tocará, como siempre, pagar a todos los ciudadanos».
