Desde «el reconocimiento de los hechos y la subsanación de los daños» -como resumió ayer el portavoz, Antonio Joaquín Fenoll-, la empresa Proambiente, propietaria del vertedero entre Abanilla y Orihuela lleva invertidos más de 4 millones de euros en reflotar un negocio en el que, aunque nadie lo nombre, ya no dirige Ángel Fenoll, quien fuera 20 años el administrador. Acorralada por expedientes administrativos y judiciales, con una clausura dictada por Murcia, la planta ha encomendado su futuro a una empresa de restauración medioambiental -que se encarga de recuperar el Lugar de Interés Comunitario que dañó la construcción del que iba a ser el vaso 4- y a un geólogo que garantiza la realización de más controles que ninguna otra planta de la Región porque Proambiente, dicen sus responsables, es más murciana que oriolana; concretamente, en un 90% -lo que incluye todos los vasos a excepción del inicial, que fue sellado hace décadas- aunque el consejo de administración admitía que a ciencia cierta nadie sabe por dónde pasa esa línea divisoria que separa ambas comunidades.

La comparecencia del portavoz, del responsable jurídico y de los técnicos tenía varios objetivos. Por un lado negar que los vertidos que hay en las fincas colindantes a la planta tengan su origen en ella, también lo que se está haciendo para conseguir que Murcia les autorice la reapertura y ampliación del vaso 3 (a día de hoy, el único que garantizaría la pervivencia de las cien familias que viven del negocio) y acusar al alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), de poner trabas a la legalización de la actividad, negándoles entrevistas, reuniones y licencias hasta llamarle mentiroso por sus últimas declaraciones. De hecho, Antonio Joaquín Fenoll, en un tono casi desafiante -le retó a un debate público-, dejó entrever que poco o nada podrá hacer el alcalde para clausurar la báscula o el taller, elementos que están en suelo oriolano, porque entienden que la empresa es un todo y si el vertedero tiene licencia no tendría sentido que los elementos que lo integran no. Ahora bien, la licencia es de Murcia.

Pero lo de ayer también fue una encendida defensa de Presidencia de la Región después de que Guillén y el edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE), acusaran al gobierno regional de no colaborar ni con ellos en una solución. «Guillén quiere nuestro cierre porque eso decía en su campaña electoral. Es su único interés», dijo Fenoll.

Técnicos

El experto medioambiental Patricio Riquelme, responsable de la restauración del LIC, aseguró ayer que el proyecto se realizará en cinco años pero que existirá control y vigilancia por 30. Añadió que el vaso 4 como proyecto desaparece porque ocupa el LIC y que del vaso 5, que promovía hace tres años la mercantil -cuando la dirigía Ángel Fenoll-, no saben nada. También se dedican ahora a la regeneración de los vasos 1 y 2, también en Murcia con el mismo proyecto. «Somos la primera empresa que realiza en España un trabajo así en vez de que lo asuma la Comunidad y, después repercuta los costes», dijo.

Y el geólogo Jacinto Sánchez negó ayer que la empresa genere lixiviados y lo aseguró con base a los testigos -piezómetros- que detectarían fugas. «La ley sólo nos exige 12 y tenemos 17», aseveró, además de que realizan otras pruebas para medir la conductividad o tomografías eléctricas del perímetro. El último de estos controles se realizó en diciembre. «Nada indica la fuga de lixiviados», dijo con seguridad. Sánchez explicó que extraer gas no es un capricho sino una medida de seguridad que, además, cuesta dinero, contestando a las acusaciones del edil oriolano Zapata que aseguró en una comparecencia que no tenían licencia para la actividad.