El Ayuntamiento de Daya Vieja ha sido el primero de la Vega Baja en dirigir un escrito a la Diputación para preguntar si va a asumir el servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos en su término municipal y, en ese caso, cuándo piensa hacerlo. Otros municipios similares seguirán los pasos de Daya Vieja en próximas fechas, según pudo saber INFORMACIÓN. La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, impulsada por el Gobierno que preside Mariano Rajoy y publicada el 30 de diciembre, establece que entre las nuevas competencias propias de las diputaciones estará la prestación del servicio de tratamiento de las basuras en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, al tiempo que deja la puerta abierta a que también se coordine la recogida de los desechos en pueblos de hasta 20.000 residentes.
La promulgación de esta Ley ha generado incertidumbre en los pequeños municipios de la Vega Baja. Al menos siete de ellos (Benferri, Benijófar, Daya Nueva, Daya Vieja Formentera del Segura, Granja de Rocamora y Jacarilla) cuentan en la actualidad con menos habitantes del umbral que ha fijado el gobierno para que el tratamiento y la eliminación de las basuras pase a ser gestionado por Diputación.
En realidad, este cometido ya está siendo realizado en parte por el ente provincial a través del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, en el que cuenta con una participación del 15%. Pero, ¿cómo se articulará entonces la posibilidad de que asuma el servicio de recogida de desechos en aquellos municipios que lo soliciten?
En principio, esta Ley nace en parte con la pretensión de que las diputaciones gestionen determinados servicios, como el suministro del agua potable o las basuras, para organizarlos de forma mancomunada, poder reducir costes y, en definitiva, ahorrar.
Licitación
El problema que ha empezado a surgir con todo este asunto en algunos municipios, como Daya Vieja, es que el Ayuntamiento necesita sacar a licitación la contrata de las basuras y no sabe si tiene potestad para hacerlo de forma autónoma o si tiene que seguir las directrices de la administración provincial.
En este sentido, el regidor de la localidad, Rafael Vives (PP) ha registrado un escrito en el que pregunta si «la Diputación va a asumir la prestación del servicio y, en caso afirmativo, desde qué fecha, a fin de ajustar la nueva licitación al plazo resultante». De igual modo, solicita «asistencia técnica, económica y jurídica necesaria para elaborar el proyecto técnico del servicio (estudio de viabilidad, costes...) que sirva de base a la nueva licitación».
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad deja en el aire el papel de estos pequeños municipios en órganos como el Consorcio de Residuos de la Vega Baja, que está valorando la rescisión del contrato con la adjudicataria del Plan Zonal, la UTE Cespa-Ortiz.
En el caso de Daya Vieja, Vives se pregunta si en un futuro los pequeños pueblos tendrán que seguir formando parte del Consorcio y pagar las correspondientes cuotas si la Diputación pasa a encargarse de la gestión de sus desechos. También le gustaría saber, aunque sabe que todavía no es el momento, si el ente provincial les cobrará por hacer estas gestiones.
