La Diputación de Alicante todavía no sabe cómo articulará el desarrollo de la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local porque apunta que, aunque entró en vigor el pasado 31 de diciembre, hay que esperar al desarrollo normativo o reglamentario del texto. Fuentes de la institución aclararon que este cambio legal no se puede aplicar de un día para otro debido a que la mayoría de ayuntamientos tienen contratos en vigor con empresas que hasta ahora se encargan de servicios como la recogida de residuos.
La idea es que, poco a poco, y sobre todo los pequeños consistorios, cedan la gestión de los desechos al ente provincial, que podría crear una empresa pública que se encargue de este cometido en varios pueblos, o sacar un concurso a licitación. De este modo, aseguran las mismas fuentes, se podría aprovechar la logística de una misma mercantil para trabajar en varios pueblos y reducir las tasas que pagan los residentes, que serían cobradas directamente a través de organismos como Suma.
