La amenaza del Ayuntamiento de Orihuela de iniciar los trámites para desalojar a los magistrados, fiscales, forenses y funcionarios del Palacio de Justicia -que es propiedad del municipio pero que usa la Conselleria sin haber pagado nada a cambio desde 2005- ha recibido réplica. Los responsables de Justicia y Patrimonio de la Generalitat pusieron sobre la mesa en una reunión con representantes del Ayuntamiento que si el consistorio persiste en su intención de desahuciarles ellos valorarán trasladar los juzgados a Torrevieja y dejar Orihuela sin partido judicial independiente.

La edil de Relaciones Institucionales, Antonia Moreno, y el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, escucharon este aviso en su reunión de hace unas semanas con la secretario autonómico de Justicia y las direcciones generales de Justicia y de Patrimonio. Sin embargo, los emisarios del Ayuntamiento no se dejaron intimidar y mantienen tanto su amenaza de desalojo como la exigencia de que Orihuela debe recibir no solo una permuta de edificios, sino una cantidad económica que está por determinar por la diferencia de valor entre los dos inmuebles (el de propiedad municipal, en la Plaza Santa Lucía, es más grande y más nuevo, y el de la Generalitat, que está frente a Santa Justa, se deteriora día a día desde que se cerró en 2005).

El consistorio se mantiene en su ultimátum de que el 13 de junio iniciará los trámites para el desahucio si la Generalitat no firma un convenio que le satisfaga para saldar su deuda, y desde la Conselleria de Justicia sin embargo entienden que "una cesión patrimonial recíproca debe ser gratuita", es decir, que el único trato que ofrecen es cambiar un edificio por otro (algo que Moreno ya ha reiterado que no aceptará).

Fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario señalaron ayer que solo pagarán si se lo recomienda un informe que está redactando la Abogacía de la Generalitat y que estará listo antes de esa fecha límite impuesta por el Ayuntamiento: "El 12 de abril se remitió un escrito a la Dirección General de Patrimonio para que elabore un informe jurídico que esclarezca si la cesión debe ser gratuita o si se debe hacer el pago que reclama el Ayuntamiento; ahora la Abogacía de la Generalitat debe emitir ese informe, que diga si la Conselleria de Justicia está o no en lo cierto, y si dice que tiene que pagar se pagará lo que se estime con una tasación independiente, no se va a aceptar la del Ayuntamiento, que pide 3,4 millones de euros".

Sobre la posibilidad de que se cumpla tanto la amenaza del consistorio como la que la Conselleria puso sobre la mesa en la reunión de principios de abril, el portavoz de Justicia señaló que "entendemos que va a imperar el sentido común y que no va a haber nadie que tenga la tentación de forzar el desalojo de los juzgados". Asimismo, señaló que "somos administraciones responsables, de la misma forma que la Generalitat no desmantelaría los juzgados de Orihuela para trasladarlos a otro sitio, el Ayuntamiento tampoco va a tomar la decisión de desahuciar, porque llegados a ese extremo, que no creo que vaya a producirse, habría que buscar una solución drástica que sería perjudicial para los ciudadanos". Sobre si esa solución sería el traslado definitivo de los juzgados, la misma fuente señaló que "precisamente el Consejo General del Poder Judicial presentó recientemente un informe que recomienda la agrupación de partidos judiciales". Llegados al extremo de que el Ayuntamiento cumpliera su amenaza (algo que al parecer no se creen en Valencia), "si entiende que nos tiene que desahuciar tendremos que buscar una solución, pero estoy convencido de que va a imperar el sentido común y que el Ayuntamiento va a entender que lo mejor es llegar a un punto de acuerdo".

Documento

Mientras tanto, el único documento que analizará la Abogacía de la Generalitat y que puede enarbolar el Ayuntamiento es un convenio firmado en 2002 donde se dice bien poco de las contraprestaciones. De hecho, simplemente señala que "una vez construido el edificio de los nuevos juzgados se procederá en su caso a la firma del correspondiente convenio que permita las cesiones patrimoniales recíprocas". Ese segundo convenio nunca se firmó.

La propuesta de fusión de partidos judiciales no afecta a la Vega Baja

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el jueves proponer la supresión de casi la mitad de los partidos judiciales en la Comunidad Valenciana, con la intención de reducirlos de 18 a nueve en Valencia; de trece a ocho en Alicante; y de cinco a tres en Castellón. El proyecto propone que se fusionen Alicante y San Vicente; Villena, Alcoy e Ibi; Elda y Novelda; Benidorm y Villajoyosa, mientras que quedarían como están los partidos de Torrevieja, Dénia, Elche y Orihuela.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, argumentó que la propuesta sienta las bases y principios básicos para diseñar de una nueva demarcación judicial que sustituya a la de 1988 para ganar en especialización, eficacia y agilización en el trabajo de los juzgados y tribunales. El nuevo mapa de órganos judiciales debe ser ratificado en un pleno extraordinario el 3 de mayo y comunicado después a los tribunales superiores de justicia autonómicos. redacción