La Universidad de Alicante (UA) afrontará el año que viene «al límite de su viabilidad económica», según alertó la vicerrectora de Planificación Económica, Mónica Martí, durante la presentación al Consejo de Gobierno del proyecto de presupuestos para 2018, del que se informó favorablemente.
Esta situación viene motivada porque « los ingresos obtenidos por subvención ordinaria de la Generalitat Valenciana están comprometidos desde su origen», explicó Martí. Estas transferencias suponen la principal vía de financiación universitaria y la mayor parte se destina al capítulo de personal.
El proyecto de presupuestos prevé 194,7 millones para el próximo ejercicio frente a los 254,6 de 2017. Sin embargo, según precisó la vicerrectora, la diferencia con respecto al anterior ejercicio «corresponde a un ingreso finalista y extraordinario de 63 millones destinado a la amortización de los bonos emitidos por la UA a través del BEI (Banco Europeo de Inversión)». Estos bonos se emitieron en 1997 para completar la edificación y modernización del campus y la sede Ciudad de Alicante. «Al eliminar este pago que distorsiona la serie, el presupuesto estimado para el próximo curso será algo más de tres millones de euros superior al real del año pasado».
Pese a esta ligera subida, el capítulo de infraestructuras volverá a ser el más castigado con cinco millones menos con respecto al año anterior, lo que impedirá realizar obras y proyectos previstos para 2018, que se tendrán que retrasar. Se quedará en menos de 11 millones. «Desde el Consejo de Dirección se ha optado por seguir apostando por las personas y la inversión en investigación, principalmente a impulsar el Parque científico», afirmaron desde la institución académica.
Martí dijo no poder sentirse optimista «ya que seguimos todavía un 13% por debajo del umbral de 2009 y, por tanto, muy lejos de la financiación justa y suficiente por parte de la Generalitat Valenciana». En este sentido, desde el Consejo de Gobierno se han alzado las voces para «urgir» una Ley de Financiación «que permita hacer política universitaria y nos dé un margen de maniobra para poder realmente planificar acciones a largo plazo». Durante su informe, el rector, Manuel Palomar, incidió en este problema. Como presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Palomar indicó que «es una reivindicación común cuya falta de respuesta por parte del Consell carece de fundamentos puesto que cuentan claramente con más ingresos fiscales derivados de la actual expansión económica. La cuestión es dónde deciden invertirlos».
El rector mantiene la necesidad de tender a las políticas de igualdad o equiparación presupuestaria, por una parte con otros estamentos valencianos y, por otra, con otras autonomías.
La vicerrectora de Planificación Económica calificó este proyecto de presupuestos para 2018 como «prudente» aunque sí admitió prever un crecimiento significativo en los ingresos por trasferencia de conocimiento e investigación, un aumento que se viene detectando en los últimos años. Este incremento viene apoyado tanto en la prolongación del periodo de expansión de la actividad económica iniciado hace cuatro años como en la consolidación de las sinergias entre la Universidad y el tejido productivo.
Tras el visto bueno favorable por parte del Consejo de Gobierno, la propuesta de presupuestos se someterá hoy a la aprobación definitiva por parte del Consejo Social de la Universidad.
