La Universidad de Alicante recibirá para el año que viene la misma subvención de la Generalitat que en el anterior ejercicio, 121,6 millones de euros, pero los gastos básicos que cubre este dinero par el funcionamiento básico y el sueldo de los trabajadores superan ya los 118 millones de euros por lo que desde el vicerrectorado de Planificación Económica han dado la voz de alarma: «Estamos al límite», dijo ayer la responsable, Mónica Martí.

El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno a las cuentas de la UA para 2017, a falta de que las ratifique definitivamente el próximo martes el Consejo Social, pero se trata de unos presupuestos «atípicos«, en palabras de la propia vicerrectora, porque para salvar las cuentas «hemos tenido que congelar la inversión en infraestructuras«, declaró al término del pleno.

La disociación de este presupuesto viene dado por el hecho de que en cifras globales aumenta hasta un 36,7% con respecto al anterior en 2016, nada más y nada menos que 68 millones de euros más hasta completar los 254 millones de euros, pero lejos de traducirse en un incremento de la subvención ordinaria, el dinero de más se destina a amortizar la deuda histórica adquirida por la Generalitat y que supone más de 63 millones de euros.

«En apariencia parecen haber mejorado en cuanto a transferencias, -explicó Martí-, pero en realidad dejan un escaso margen para la maniobra y el crecimiento. Estamos financiando gasto estructural con ingresos puntuales, por eso, para salvar el presupuesto de 2017, nos vemos obligados a ajustar congelando la inversión en infraestructuras», puntualiza.

El incremento de los ingresos llega, por tanto, con fines concretos y cerrados, mientras que el 98% de la subvención de la Generalitat, que es la principal fuente de financiación, «está comprometida en el capítulo de recursos humanos. Los demás ingresos resultan insuficientes para cubrir los gastos de la actividad ordinaria», afirma la vicerrectora.

La crítica situación le llevó a la responsable de las cuentas universitarias a advertir ante los representantes de alumnos, profesores y personal de administración reunidos en el Consejo de Gobierno de que «se ha llegado al límite de nuestras posibilidades de crecimiento. Sin una financiación estable y justa estamos abocados al estancamiento», lamentó.

Techo

Ante este panorama, en la UA aseguran estar «tocando el techo de nuestra viabilidad económica», y como única salida viable la vicerrectora Martí apunta a que «la Generalitat se comprometa con un plan de financiación estable a largo plazo y suficiente para acometer el crecimiento necesario».

No obstante la UA recibirá un suplemento para afrontar la amortización de los bonos emitidos a través del Banco Europeo de Inversiones en 1997 para completar la edificación y modernización del campus y la sede Ciudad de Alicante. La Generalitat se comprometió a asumir el pago y los intereses de la amortización de los bonos que vencen en 2017.

De cara ya a 2018, Martí señala que «las perspectivas son poco halagüeñas. Si no se atiende a las universidades contaremos con la misma subvención, menos ingresos procedentes del convenio de la recuperación de la deuda histórica y, al mismo tiempo, mayores costes de personal, teniendo que afrontar los compromisos ya asumidos».

El Rectorado pone esta vez el acento de sus contenidas cuentas en «las personas, la producción científica, la docencia en másteres oficiales y los recursos tecnológicos y bibliográficos».

Plagio

La UA suscribe el manifiesto de Filosofía y Letras «En defensa de la ética en la referencia científica», tras el plagio denunciado por el catedrático Emilio La Parra a cargo del rector de la Juan Carlos I de Madrid. La UA «rechaza actuaciones que vulneren los principios éticos fundamentales en la labor científica e investigadora».