El ruido de un motor detiene la única conversación que se está produciendo en las calles de Penáguila. El conductor del tractor, un hombre mayor en mono azul, deja tras de sí la Plaça de l´Arbre de este municipio de 350 habitantes del Comtat, en cuyas fachadas languidecen algunos símbolos del escaso poderío que ha conocido el pueblo a lo largo de su historia. Cerámicas con motivos religiosos. Un blasón en el umbral de una casa señorial. El logotipo de la extinta CAM en la ventana de una oficina del Sabadell, cerrada desde hace varios meses.
Nadie se molestó en retirar las pegatinas de la sucursal, en manos del banco catalán desde que se quedó con toda la red de la desaparecida caja de ahorros alicantina en 2012. Quizá porque nunca contó realmente, en plazos bancarios, con quedarse mucho tiempo en este pueblo que lleva hundiéndose desde que Jaime I lo liberó de los musulmanes.
Desde finales del año pasado, el único interlocutor físico entre los vecinos y sus ahorros ha sido el cajero de la oficina que ahora se está trasladando a un bajo de la plaza de la iglesia. «El local es del Ayuntamiento, que ha cedido el espacio. El banco paga la reforma, pero está por ver quién se encarga del mantenimiento», cuenta Germán González, teniente de alcalde de Benilloba y un poco edil itinerante en la despoblada mancomunidad del Xarpolar.
La sustitución de oficinas por expendedores automáticos expendedores automáticos se ha convertido en todo un símbolo de decadencia en la montaña alicantina. Su aparición significa más o menos que el pueblo ya no le importa más que a sus habitantes y a sus familiares y que nadie espera sacar ningún beneficio por estar allí.
Como un efecto dominó, la supresión de sucursales poco rentables se inició hace unos años en poblaciones enanas y ya se ha extendido a la mayoría de municipios de menos de 5.000 habitantes. Ahora es Benilloba, que con 800 vecinos, consultorio médico 24 horas y un colegio-instituto es la «capital» de este grupo de pueblos minúsculos del Comtat, quien ha recibido la carta de despedida del banco. El director regional les informa de que les siguen atendiendo en Cocentaina y les asegura que podrán operar también con el cajero. «Como el que ha estado roto los tres días de mercado», resopla González en referencia a la máquina que ha dejado sin efectivo a Benilloba durante el mercadillo más importante del año.
En los pueblos, con una importante población mayor de 65 años, muchos prefieren desplazarse y hacer cola para hacer operaciones con una persona que enfrentarse a una máquina. «Antes venía gente de Benasau y Benifallim a hacer trámites a la sucursal de Penáguila. Desde que la cerraron, vamos todos a Benilloba. Ahora que cierran esa también, tendremos que ir a Cocentaina», cuenta Sergi Gisbert, vecino del pueblo.
El símbolo del Sabadell
La tendencia de la banca es clara: reducir el número de sucursales y concentrar la atención en oficinas grandes que operan sólo en lugares estratégicos. Donde se tiene raigambre, mantener la presencia con un cajero y tratar de que no genere apenas gastos.
Como adelantó este diario la semana pasada, el Banco Sabadell va a cerrar en mayo 41 oficinas en la provincia. La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Alicante facilita una lista con 35 de las 41 clausuras previstas: prácticamente la mitad de ellas son sucursales de pueblo, mientras que la otra mitad pertenecen a la abundante red de las ciudades.
Los alcaldes se han revuelto por la decisión y el propio pleno de la Diputación Provincial ha denunciado la «exclusión financiera» que va a suponer la pérdida de las oficinas en los pueblos pequeños. «El mensaje que están transmitiendo es que no hay futuro para los municipios de interior. Flaco favor están haciendo a la Red de Municipios de Interior y a las iniciativas de turismo rural, agricultura ecológica y otros proyectos que estamos impulsando», lamenta Rubén Alfaro, alcalde de Elda y actual presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Oportunamente, la salida del Sabadell de los pueblos ocurre con días de diferencia del anuncio de creación de la Agencia Valenciana Antidespoblament.
En una provincia en la que llegó a haber una CAM en prácticamente cada uno de los cerca de 150 municipios del territorio, es el heredero de su legado, el Sabadell, quien encarna el abandono a los pueblos. Pero lo cierto es que casi todas las entidades practican la misma estrategia de huida de sitios pobres. Alegan en su defensa que durante estos años ser banquero no es tan rentable como lo era antes.
Los fuertes no quieren pobres
En 2017, pasada la crisis, el escenario financiero nacional está dominado por quienes han probado ser más grandes, estar mejor adaptados al capitalismo global y tener mejor desarrollo del instinto del lucro: los grandes bancos. Caixabank, Santander, Sabadell, BBVA y Bankia son los ganadores de la recuperación y los dueños de un 60% del negocio bancario español.
Todos, menos el Santander, lo son gracias al tamaño adquirido por la absorción de decenas de bancos pequeños y, sobre todo, cajas de ahorro durante los años de colapso financiero. Entre 2008 y 2014 fueron desapareciendo prácticamente todas las entidades con orientación social, demasiado débiles para subsistir por sí mismas a la exposición a créditos tóxicos y a los nuevos requisitos de solvencia exigidos por la Comisión Europea para acudir al rescate de la banca española.
En esos seis años, la lista de entidades con ficha del Banco de España perdió a la mitad de sus miembros. «Lo que queda ahora son bancos: sociedades anónimas con el objetivo de maximizar sus beneficios. Nosotros, las cooperativas de crédito y las cajas de ahorros, somos el 4% del sector financiero español de hoy», explica Vicente Ortiz, jefe de Secretaría y responsable de Obra Social de Caixa Ontinyent. Es la única representante que queda, junto con Caixa Pollença, de la banca social. Hoy en día, una entidad financiera dedicada sólo al desarrollo de su territorio y su población es una antigua utopía que fracasó.
La banca domina, pero no sonríe. La Comisión Europea vuelve cada seis meses a España para controlar la estabilidad de un sector que creció con el ladrillo y fue malcriado por una regulación laxa y un ambiente tolerante con la especulación. Ahora les exigen más solvencia, más capital y mejores inversiones en un momento en el que se gana muy poco dinero haciendo préstamos - «llevamos dos años con los tipos de interés por los suelos, es lo nunca visto», cuenta un portavoz del Sabadell. «Tenemos la necesidad de elevar la rentabilidad del negocio en un entorno muy complejo: tipos de interés en mínimos históricos y cada vez más exigencias regulatorias», confirma Miguel Capdevila, director corporativo en la Comunidad de Bankia.
Atrapados en este escenario sin viento, la estrategia de los bancos para lograr el equilibrio en la cuenta de resultados ha sido dejar de mirar la proa y centrarse en la popa. Si no podemos ganar más, perderemos menos. Entonces, se acordaron de que en Penáguila, Alcoleja y otros conjuntos de casas de ancianos seguían pagando alquileres y nóminas para que sus empleados actualizaran las libretas de ahorro de los jubilados. Intolerable.
Ortiz tiene muy claro tanto su negocio como el de sus primos con accionistas y explica por qué han puesto a las oficinas rurales en el punto de mira: «El umbral de rentabilidad lo marcan los recursos propios del banco menos las inversiones. Antes podías mantenerlo más bajo: se podía abrir una oficina en un pueblo y darte cuatro años hasta que empezara a ser rentable. Ahora ya no. Ahora los bancos buscan que el negocio dé beneficios en un año y eso lo encuentran en poblaciones grandes donde están los clientes más rentables», cuenta el directivo de Caixa Ontinyent.
Menos competencia y problemas de rentabilidad comunes conducen a estrategias similares. Los bancos han convenido hacerse la guerra con menos soldados. Según un estudio reciente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), las cinco entidades principales de la provincia dominaban en 2008 el 50% del mercado, donde había un total de 1.748 oficinas. En 2014, tras seis años de absorciones, ya se repartían el 76% de una tarta en la que quedaban solo 1.126 sucursales.
Las consecuencias
Sella, con 373 pensionistas en una población de 670 habitantes, es una residencia de ancianos abierta. Los abuelos van al bar, se reúnen en la plaza, compran en la tiendecita, en el mercado de los miércoles y se dan las buenas noches caminando hacia sus casas envueltos en sus memorias. Su vida, el entorno en que se criaron, se queda con ellos aunque sus hijos se hayan ido a La Nucía o La Vila a trabajar. Mila Llinares, su alcaldesa, conoce muy bien la calidad de vida que conserva un anciano en este municipio de la Marina Baixa.
Hace unos días le llegó la famosa carta. No le pilló de sorpresa; hacía meses que habían reducido el horario de oficina de cinco a tres días y luego de tres a dos. Su principal temor es que las dificultades para operar con su dinero acabe convenciendo a los abuelos de que ya no se valen por sí mismos y de que tienen que cambiar el pueblo por una habitación en una residencia que esté más cerca de sus hijos.
Lo de «tienen adaptarse a las tecnologías» le hace reír. «¿Un cajero? La gente mayor ni se arrima al cajero. ¿Tú sabes lo que hacen? Hacen cola el día que abre el banco, cogen al chico del mostrador del brazo y lo sacan al cajero para que les actualice la libreta. Si tienen tarjeta, le dan el PIN para que les saque el dinero». La escena demolió al representante del banco cuando se la contó el día que fue a explicarle que se iban pero que les dejaban la máquina, recuerda.
«No queremos que nos pase lo que a Alcoleja y Penáguila. Los abuelos se han ido yendo de allí desde que no hay banco», asegura Vicente Llorca, presidente de la asociación de pensionistas de Sella. «Es un círculo vicioso, se va la oficina, hay menos actividad económica, se marchan los jóvenes y se muere el pueblo», asegura.
Arrels es una empresa de Penáguila que presta asistencia geriátrica en la comarca. A su carta de servicios de asistencia y acompañamiento de mayores ha añadido recientemente uno nuevo: traslado en furgoneta a pueblos grandes para ir al banco. «Los jóvenes nos aclaramos con internet, pero una persona mayor de 70 años ni maneja Facebook ni Whatsapp ni nada. Imagina operar con banca online. Hacer un trámite con un cajero es una odisea. Prefieren la atención personal aunque suponga desplazarse», cuenta Gisbert, propietario de la empresa.
Algunos tratan de adaptarse a lo inevitable. En Sella, alcaldía y club de pensionistas están organizando cursos de ordenador y móvil para que los ancianos aprendan a manejarse. En Jacarilla, en la Vega Baja, el banco se ha comprometido a poner un asesor que ayudará a los vecinos a aclararse con la web. «Estará durante unas semanas y continuará en función de la asistencia», cuenta escéptica Pilar Díaz, alcaldesa de Jacarilla. Unos 530 de sus 2.000 vecinos tienen más de 65 años. «No todo el mundo se adapta igual a las nuevas tecnologías, ni siquiera los jóvenes», protesta.
«Exclusión financiera» es una palabra que representa muy bien cómo se sienten los habitantes de estos municipios que se van a quedar sin sucursal.
Desde el Sabadell lo niegan. «No hay exclusión. Todas las operaciones que normalmente hace una persona mayor se pueden hacer desde un cajero. Y si alguien quiere contratar una hipoteca, tiene una oficina a 10 kilómetros. La red del Sabadell sigue siendo la más extensa de la provincia con 210 sucursales», cuenta el citado portavoz.
En Bankia lo ven de forma parecida. Capddevila asegura que se han sustituido las oficinas del mundo rural e impulsado los canales digitales. En el BBVA el análisis es que el mercado pide oficinas grandes y mucha asistencia online. Parece que quienes critican la jugada lo hacen porque se han quedado atrás.
O no. Puede ser una simple estrategia para reforzar su imagen frente a la de los demás, pero, por lo que dice uno de sus altos directivos, podría decirse que, mientras que los otros se van, Caixabank les afea la decisión. Desde la plaza del pueblo. Este jueves, su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, intervenía en el XXIV Encuentro del Sector Financiero de Madrid: «Nosotros no estamos abandonando municipios ni lo vamos a hacer. (Estamos en territorios) donde otros bancos se están batiendo en retirada (...). Puede que en unos años todo sea digital, pero a día de hoy no lo es». Ortiz, de Caixa Ontinyent, también cree que hay espacio para buscar fórmulas con las administraciones para evitar la exclusión.
Puede que, aún en tiempos de lucro y baja rentabilidad, queden banqueros que crean que no es siempre la sociedad la que tiene una deuda con ellos.
