Victoria Ortega (Palencia, 1958) es desde enero de este año presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria -provincia cuyo Colegio de Abogados presidió entre 2000 y 2008-, tiene una importante actividad en la defensa de la asistencia letrada gratuita y a colectivos en situaciones difíciles como los migrantes. Considera que la administración de justicia debe ser ágil, pero sin dejar de lado la calidad, y valora el clima de diálogo que existe ahora mismo con el Ministerio.
¿Cuáles son las principales necesidades que afronta ahora mismo la Abogacía en España?
Sobre todo, lo que se refiere al funcionamiento de la Administración de Justicia, porque es lo que más cerca está del ciudadano y, por lo tanto, lo que más le interesa. Debe ser ágil y transparente. Afortunadamente, estamos en un momento oportuno para el diálogo entre todos los agentes, y creo que se dan pasos en este sentido.
¿Cómo valora la continuidad de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia?
Rafael Catalá tiene acreditada su capacidad de diálogo y, por lo tanto, estamos esperanzados en este aspecto; creemos que se nos va a escuchar.
¿Qué aspectos considera que caben mejorar en el funcionamiento de la justicia, desde el punto de vista de la Abogacía?
La Abogacía viene obligada a hacer una prestación de excelencia, tal y como está haciendo, y la Administración debe cubrirlo con una retribución digna y puntual, en el caso de los turnos de oficio. Al mismo tiempo, la agilidad es importante, pero hay que buscar el equilibrio entre rapidez y calidad. Todo tiene sus tiempos de tramitación, y una excesiva rapidez no debe influir de manera negativa en la asistencia.
La asistencia gratuita en los casos en los que se necesita es una de las principales actuaciones de los abogados. ¿Considera que se defiende lo suficiente?
La función social de la abogacía es muy importante; en nuestro ADN está la defensa de los derechos y las libertades públicas, y en eso no vamos a cesar. Esa función es muy amplia, desde la asistencia a personas por una razón meramente económica a cuestiones de gran alcance como las crisis de migraciones y asilo, la trata de mujeres o las personas que están presas. La ley tiene que adaptarse a las reformas habidas con carácter social.
La asistencia a personas migrantes es un campo de acción bastante importante en estos momentos. ¿Qué labor se lleva a cabo desde el Consejo General de la Abogacía Española?
No hay que olvidar que vivimos la crisis de refugiados más importante desde la II Guerra Mundial. Ante esta situación, la Abogacía creó un registro para quienes quisieran actuar, y la respuesta está siendo muy importante. También participamos con abogacías europeas en un proyecto que se está desarrollando en la isla griega de Lesbos, ofreciendo asistencia jurídica a personas que llegan allí. También ofrecemos a los colegiados formación sobre asilo y refugio, y nuestra conferencia anual versa sobre este mismo tema. La asistencia jurídica es fundamental en estas situaciones, así como que la persona conozca sus derechos y los pueda hacer valer.
¿Cree que existe una excesiva influencia de la política sobre el ámbito de la justicia?
En general no, para nada cuestiono la independencia judicial. En algún nombramiento quizá sí haya que recuperar la confianza ciudadana, pero son casos muy puntuales. A diario se resuelven miles de conflictos con total independencia y de forma magnífica.
