El juez que investiga el asesinato del alcalde de Polop ha acordado llevar al banquillo a los siete acusados y ha rechazado las peticiones de las defensas para archivar el caso, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La decisión judicial no es firme y contra ella cabe recurso. Mientras algunas defensas manifestaron que no iban a recurrir, otras ya han adelantado que sí lo harán porque encuentran la decisión «muy poco motivada». El auto judicial no entra en el fondo del asunto y se limita a decir que hay «indicios suficientes» que aconsejan que el procedimiento continúe para ser juzgado por un tribunal popular.
Alejandro Ponsoda murió tiroteado en la puerta de su casa en la pedanía polopina de Xirles en octubre de 2007. El sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano, está acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen; así como el empresario Salvador Ros y dos de los responsables del club de alterne Mesalina, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla, en cuyos reservados pudo contratarse el asesinato, según la investigación. Como presuntos autores materiales del crimen están acusados los checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo. El caso se basa en la declaración de un testigo protegido que mantiene que los presuntos autores intelectuales contactaron con él para cometer el asesinato.
El titular del juzgado, Andrés Alepuz, se ha incorporado a esta plaza recientemente, con la instrucción finalizada a falta de flecos. Por este motivo, algunas defensas confiaban en que el juez podría tener un criterio distinto al de sus compañeros. Los letrados insisten en que las pruebas son insuficientes y el testimonio del testigo protegido está plagado de contradicciones y es «falso». «Está claro que el criterio es que los acusados vayan a juicio., Como estamos convencidos de su inocencia, cuanto antes sea, mejor. Por eso no vamos a recurrir nada», explicó ayer uno de los letrados. Una opinión que no es unánime entre las defensas. La abogada Mariana Ivanova aseguró que sí va a recurrir el auto judicial «porque está muy poco motivado» y no dice nada sobre el rechazo de la letrada a que la causa sea enunciada por un jurado popular.
El juez rechaza las diligencias que había pedido esta abogada por no considerarlas «imprescindibles» para esta fase del procedimiento, así como «irrelevantes» para el esclarecimiento de los hechos. Esta defensa había pedido un informe patrimonial sobre los bienes de Robert Franek desde 2007 a la actualidad; un informe para que la Guardia Civil emitiera un informe sobre si el testigo protegido había tenido algún tipo de conversación con Franek o Rakowski; así como pedir a la Western Union que indicara los envíos de dinero que estos acusados habían hecho a su país; un informe a las Fuerzas de Seguridad sobre intervenciones telefónicas en el club Mesalina desde 2007 a 2012; y pedir a los centros de salud que indicaran si hubo alguna atención a alguna persona lesionada con un bate de beisbol en la fecha en que ocurrieron los hechos. Todas estas diligencias han sido desestimadas.
En cambio, el juez ha acordado admitir todas las diligencias que han pedido la Fiscalía y la acusación particular. Se trata de gestiones puramente de trámite, como que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporte a la causa qué licencias de armas tienen los investigados; unir a la causa el listado de antecedentes de los investigados. También se ha puesto en marcha el mecanismo para validar las transcripciones de las escuchas telefónicas a los investigados durante la instrucción. La Fiscalía ha pedido que se incorporen conversaciones de Juan Cano, Salvador Ros, Pedro Hermosilla, Ariel Gatto, Robert Franek y Radim Rakowski. La práctica de estas diligencias se considera «imprescindible» para la apertura de juicio oral que será el último trámite antes de enviar la causa a la Audiencia para que se celebre el juicio.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen las hijas del alcalde asesinado serán emplazadas en breve para que presenten sus escritos de conclusiones, detallando las penas que reclaman a los implicados y de qué les acusan. Todos estos trámites podrían retrasar unos meses más su llegada a la Audiencia para que sea juzgada por un tribunal popular.
