La juez acaba tras 9 años el sumario del crimen del alcalde de Polop

La magistrada de La Vila Joiosa lleva al banquillo por un delito de asesinato a los siete acusados

03.06.2016 | 01:57
La juez acaba tras 9 años el sumario del crimen del alcalde de Polop

El auto no es firme y contra él cabe recurso ante la Audiencia.

La magistrada que investiga el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, ha dado por finalizada la instrucción y ha transformado la causa en un procedimiento de jurado popular, según el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. La titular del juzgado de Instrucción dos de La Vila Joiosa, Mari Luz Ruiz Berbis, ha descartado archivar el procedimiento para ninguno de los siete acusados y los lleva a todos al banquillo por un delito de asesinato. No obstante, la decisión judicial no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

En el auto, la juez recuerda que el 19 de octubre de 2007 sobre las 21.20 horas Alejandro Ponsoda recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, cuando se disponía a entrar en su domicilio con el coche en la pedanía de Xirles. La víctima falleció varios días después, el 27 de octubre en el Hospital General de Alicante. La magistrada se limita a señalar que «en el curso de la instrucción» han sido investigados por su participación en los hechos los siete acusados, sin concretar qué papel se le atribuye a cada uno.

Según el sumario, los presuntos inductores del crimen habrían sido el exalcalde de Polop, Juan Cano; el empresario Salvador Ros; y dos responsables del club de alterne Mesalina, Pedro Jesús Hermosilla y Ariel Alberto Gatto. Los supuestos autores materiales del asesinato serían Raúl Montero Trevejo y los ciudadanos checos Robert Franek y Radim Rakowski. El auto se limita a señalar que en el procedimiento resulta indiciariamente que los acusados actuaron «en ejecución de un plan preconcebido y concurriendo la circunstancia de existencia y recompensa». Todos los imputados han sido citados ante el juzgado en próximas fechas para que les sea notificada la apertura del juicio de jurado contra ellos.

La investigación se apoya en la declaración de un testigo protegido que asegura que en el verano de 2007 los presuntos inductores le propusieron acabar con la vida Alejandro Ponsoda y, al no ponerse de acuerdo con las condiciones, les puso en contacto con quienes están acusados de ser los ejecutores del alcalde polopino. Las defensas han cuestionado a lo largo de todo el procedimiento la credibilidad del testigo protegido, a quien se le ha dado una nueva identidad y vive escondido en otra provincia.

La principal línea de investigación de la Guardia Civil es que el presunto autor intelectual del crimen fue el alcalde que sucedió a Ponsoda tras el crimen, Juan Cano, y que éste se cometió para hacerse con su cargo. Su arresto se produjo a los dos años del asesinato y dejó conmocionada a la población, pero salió en libertad bajo fianza ocho meses después al admitir la Audiencia que las pruebas para mantener entre rejas a los implicados no eran muy sólidas. Cano siempre ha defendido su inocencia y asegurado que el verdadero asesino debe ser alguien vinculado a la vida privada del munícipe.

La investigación se ha centrado en profundizar en la declaración del testigo protegido, llamando a declarar a prácticamente todo el personal que trabajaba en el club de alterne en aquellas fechas para tratar de confirmar la versión de éste. No sólo nadie ha confirmado nada, sino que han venido a decir que el testigo ni siquiera trabajaba en el club en aquellos días. La falta de nuevos confidentes ha tenido empantanada la investigación, mientras que las defensas han ido encadenando las solicitudes para pedir el sobreseimiento del caso. En 2014, llegaron a plantear a la juez que comenzara la investigación desde cero para localizar a los «verdaderos culpables». La transformación de la causa en un procedimiento de jurado se produce a pocos días de que se tuviera que cerrar el sumario, debido a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el plazo para mantener una causa judicial abierta, a no ser que sea declarada como de especial complejidad, con lo que se ampliaría a 18 meses. La juez ha optado por cerrar la instrucción y abrir los trámites para celebrar el juicio.

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