La fiscal pide juzgar por asesinato a los siete acusados de la muerte del alcalde de Polop

Las acusaciones sostienen que los implicados urdieron un plan para cometer el crimen por la animadversión que sentían hacia Ponsoda por el cargo que ocupaba

25.10.2016 | 17:03
La fiscal pide juzgar por asesinato a los siete acusados de la muerte del alcalde de Polop

Las defensas piden el archivo del caso y sostienen que las declaraciones del testigo protegido son incongruentes.

A la tercera fue la vencida. El juzgado que investiga el asesinato del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda en octubre de 2007 citó ayer a los siete investigados para que la Fiscalía y el abogado de la familia concretaran las acusaciones contra ellos. Las dos hijas del alcalde asesinado están personadas en el proceso a través del abogado Vicente Guerri. La Fiscalía sostiene que tanto el exalcalde de Polop Juan Cano y el empresario de la localidad Salvador Ros sentían una animadversión personal hacia Ponsoda por razón de su cargo, motivo por el que se concertaron con el gerente y el propietario del Club Mesalina, Ariel Gatto y Pedro Hermosilla, para ejecutar el asesinato, según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso este diario.

Las acusaciones sostienen que los implicados contactaron con los checos Radim Rakowski y Robert Franek y el español Raúl Montero Trevejo para matar a tiros a Ponsoda el 19 de octubre de 2007. La principal prueba de las acusaciones es la declaración de un testigo protegido que sostiene que le ofrecieron 35.000 euros por cometer el asesinato. Las defensas volvieron a pedir al juez el sobreseimiento del caso alegando las incongruencias y contradicciones del testigo protegido, al que acusan de tener un enfrentamiento personal con algunos de los acusados y por ello pretenden incriminarles en el crimen. Los abogados insisten en que sus representados son inocentes y no hay ninguna prueba contra ellos. Todos ellos quedaron en libertad bajo fianza a los pocos meses de su detención por estos hechos.

La comparecencia de ayer se señalaba por tercera vez, ya que las dos anteriores tuvo que suspenderse debido a la incomparecencia de alguno de los acusados o de sus abogados. Ayer la defensa de Raúl Montero Trevejo, un abogado de oficio que fue designado hace apenas dos semanas, planteó un nuevo aplazamiento porque no había tenido tiempo para estudiarse la voluminosa causa. Pero el juez no quiso más retrasos y la vista se celebró. Tras el informe de las partes, el magistrado, que se ha incorporado hace pocos meses al juzgado, debe decidir si envía la causa a la Audiencia para que la juzgue un jurado popular o la archiva, tal como piden las defensas. El auto tardará aún unos días porque hay varias diligencias que todavía tienen que incorporarse a la causa.

El escrito de la Fiscalía sostiene que Juan Cano había sido concejal de Urbanismo en Polop hasta que fue relegado en puestos inferiores de las listas en las elecciones municipales de 2003. Pese a quedar fuera del Consistorio trató de hacerse con el control del Ayuntamiento a través de la creación de una Gerencia de Urbanismo gestionada por él mismo. En el año 2007, Cano volvió al consistorio como número dos en las listas del Partido Popular y con la muerte de Ponsoda se hizo con la Alcaldía. Según la Fiscalía, Cano compartía con el empresario Salvador Ros, que había mantenido conflictos con el alcalde posteriormente fallecido, la animadversión contra Ponsoda, motivo por el que empezaron a dar los pasos para encargar el crimen.

El Ministerio Público apunta a Pedro Hermosilla y a Ariel Gatto como las personas que pusieron en contacto a ambos con el testigo protegido a quien le habrían ofrecido 35.000 euros para que matara al alcalde, en una reunión que se celebró en los reservados del club de alterne Mesalina, pero éste se negó a llevar a cabo el encargo. La fiscal sostiene que fue entonces cuando contactaron con Montero, Franek y Rakowski para encargarles el crimen. Según el escrito de acusación, algunos de ellos habían trabajado como porteros en clubes de alterne de la zona y «tenían acceso al mercado ilegal de armas».

Según el escrito leído ayer por la Fiscalía en la comparencia, el 19 de octubre de 2007, dos de los presuntos ejecutores abordaron a Ponsoda mientras entraba en el garaje de su casa en la pedanía de Xirles e introdujeron un arma a través del hueco de la ventanilla y dispararon tres tiros contra él, huyendo en un coche que les esperaba conducido por el tercero.

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