Los inspectores de Hacienda declararon ayer en el juzgado que los contratos de alquiler de parcelas entre Hansa Urbana y el empresario Enrique Ortiz fueron simulados y que todo apunta a que se trató de negocios ficticios. El interrogatorio a los funcionarios de la Agencia Tributaria marcó ayer la tercera jornada del juicio por fraude fiscal a Ortiz, Rafael Galea, Miguel Ballestar, Vicente Pérez Cañas y Miguel Carratalá. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideran que estos negocios simulados permitieron a Hansa deducirse indebidamente seis millones de euros. El fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para cada uno por delito fiscal y fraude fiscal. Los interrogatorios se prolongaron desde las diez hasta casi las seis de la tarde de ayer, debido a que las defensas cuestionaron las conclusiones de los inspectores al considerar que algunas de sus conclusiones no tenían ningún respaldo, ni ninguna base.
De todas maneras, el menos contundente de todos los funcionarios que declararon ayer fue precisamente quien redactó el informe en el que se basó la investigación. Su testimonio estuvo plagado de «no lo sé» y «no lo recuerdo». El que fuera responsable de la Unidad de Grandes Contribuyentes lleva años fuera de la Agencia Tributaria y ayer no había tenido ocasión de repasar el informe que realizó con motivo de estas investigaciones. «Si me dejan leerlo me acordaré», aseguraba. Pero antes de que alguien le tomara la palabra, ya le estaban planteando una nueva pregunta. La ausencia de este testigo ya motivó que se suspendiera el juicio el pasado mes de enero.
La labor de defender la investigación correspondió a sus compañeros, que venían con los informes ya estudiados y mantuvieron las conclusiones a las que en ellos se llegaba. Un total de cuatro inspectores declararon en calidad de testigos, al no admitir la juez que lo hicieran como peritos.
Uno de los inspectores de la Agencia Tributaria que intervino en el expediente aseguró que los contratos de arrendamiento de las parcelas contenían «cláusulas peculiares» y ése fue el motivo de la investigación. Entre los indicios sospechosos para los inspectores se encontraba el que se trataba de un alquiler en suelo rústico que se realiza sin aplicar la Ley de Arrendamientos Rústicos; que se pagó por anticipado todo el alquiler de cinco años y que las fincas se acabaran a los pocos meses vendiendo sin que se reclamara el dinero anticipado; y que no se pudo acreditar que el suelo se usara realmente durante esos meses de alquiler. Los inspectores concluyeron que el pago anticipado por el alquiler en realidad era una señal a cuenta por una futura venta del suelo.
En total son nueve parcelas de 239.000 metros cuadrados en la Playa de San Juan que se vendieron en el año 2006 tras seis meses de alquiler en 2005. El inspector de Hacienda aseguró que él mismo se desplazó a los terrenos, aunque en el año 2009, y hay no había indicios de que hubiera tenido actividad empresarial real. Asimismo, señaló que la superficie de terrenos era «excesiva» para destinarlos a almacén de material de obra de todas las promociones que había en marcha en la Playa de San Juan en los años del boom inmobiliario.
Las defensas fueron muy críticas con estas conclusiones y una de las preguntas más repetidas a lo largo de la sesión de ayer fue «¿de dónde se ha sacado usted esto?». El abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, preguntó a los funcionarios por qué habían sostenido que el periodo mínimo para los contratos era de seis años, cuando la Ley vigente en el año en que ocurrieron los hechos establecía que era de tres. También se cuestionó el que se dijera que se habían vendido las mismas parcelas que las que se alquilaron cuando habían sido menos. El inspector admitió que había una discrepancia y que no constaba en su informe. Otro asunto controvertido en el interrogatorio fue de dónde salió el dato de que en dichas parcelas, los terrenos eran blandos y por tanto no aptos para el paso de camiones.
La sesión se cerró con la declaración de dos inspectores más, que sí comparecían como peritos, y que explicaron que los terrenos debían ser contabilizados por Hansa como existencias y no como inmovilizado. Los funcionarios señalaron que la operación se realizó con el objetivo de beneficiarse de una deducción fiscal que no correspondía.
