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Un asesor de Hansa asume la declaración que inició el proceso a Ortiz y Galea

El economista asegura que a la empresa le correspondía aplicarse las deducciones de Hacienda

Un asesor de Hansa asume la declaración que inició el proceso a Ortiz y Galea

Un asesor fiscal de Hansa Urbana asumió ayer la declaración tributaria que motivó la investigación por un presunto fraude tributario a las empresas de Rafael Galea y Enrique Ortiz. El asesor declaró ayer en el juicio que se celebra por estos hechos en un juzgado de lo Penal de Alicante y aseguró que a la empresa le correspondían aplicarse las deducciones fiscales cuestionadas por la Agencia Tributaria, que además en su día las dio por buenas. La segunda jornada del juicio de ayer se centró en declaraciones de contables y asesores jurídicos y fiscales de las empresas de Ortiz y Galea. Para hoy está previsto que comparezcan los inspectores de Hacienda que investigaron los hechos y que motivaron la denuncia de la Agencia Tributaria. Uno de ellos no va a poder declarar por motivos de salud, según avisó la juez a las partes el primer día.

Además de estos dos empresarios, en el banquillo se sientan además Miguel Carratalá, Vicente Pérez Cañas y Miguel Ballestar. El fiscal pide para ellos penas que suman cuatro años y medio de cárcel por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Del proceso ha quedado apartado el socio de Ortiz, Aurelio González Villarejo, por sufrir una enfermedad degenerativa que le impide afrontar un juicio. Tanto la Fiscalía como el Abogado del Estado acusan a todos ellos de haber simulado negocios con una parcela en la Playa de San Juan entre los años 2005 y 2006 que permitieron a Hansa deducirse más de seis millones de euros que no les correspondían al pasar los terrenos en la contabilidad de existencias a inmovilizado y declararse como reinversión de beneficios.

El suelo de Hansa, nueve parcelas de 239.000 metros cuadrados, fue adquirido por la promotora en el año 2001, con la intención de desarrollar allí una ampliación del campo de golf y un resort residencial para la tercera edad. En 2005, el suelo se alquiló a empresas del grupo Ortiz por un periodo de cinco años, que se pagaron por anticipado. Sin embargo, a los seis meses el suelo se vendió a otras empresas de Ortiz. Las acusaciones sostienen que el arrendamiento fue simulado para que Hansa pudiera aplicarse estas deducciones indebidas y que el dinero pagado por el alquiler era un anticipo por la futura venta. Las defensas, entre las que se encuentran los abogados Javier Boix y Francisco Ruiz Marco, aseguran que los negocios fueron reales y que la denuncia jamás debió haber llegado al ámbito penal y quedarse en el administrativo.

El que fue asesor fiscal de Hansa aseguró que era indiferente este cambio dentro de la contabilidad de Hansa, ya que «no aporta ni quita nada cómo estuviera contabilizada, sino cuál es la realidad». Asimismo aseguró que era indiferente el contrato de alquiler para poder efectuar este cambio y que las deducciones por estas plusvalías se las podía haber aplicado de todas maneras. A su vez, aseguró que la declaración la efectuaba con la información que Hansa le suministraba y proponía los conceptos en los que se podían desgravar. Según explicó, la mayor cantidad de los ingresos por esta venta se invirtieron en el año 2005 en el proyecto del edificio Cronos en Madrid; mientras que en 2006, se reinvirtieron 1,4 millones más. El asesor fiscal aseguró que la Agencia Tributaria dio por buenas estas cuentas.

Por su parte, el antiguo responsable del departamento jurídico de Hansa defendió que los contratos de arrendamiento de las fincas eran reales y que él dijo que se incluyeran expresamente varias clausulas en el contrato para salvaguardar los intereses de Hansa, como que excluyera el uso agrícola y que la promotora pudiera recuperarlo en el momento en el que el Ayuntamiento aprobara el proyecto que tenían presentado. Al no salir adelante el plan de Hansa se optó meses después por la venta y hasta entonces «en la casa no se hablaba nada de venderlo», dijo.

En el juicio declaró también uno de los encargados de obra de la empresa de Aurelio González Villarejo, que aseguró que se llegó a utilizar como almacén del material de obras durante unos meses, tanto para grúas y para hacer acopio de tierras vegetales.

Asimismo, también declaró un contable de empresas de Ortiz que defendió la legalidad de las cuentas presentadas y señaló que el arrendamiento era real, manteniendo discrepancias con Hacienda sobre cómo debería haberse contabilizado el gasto.

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