¿Un robo en la propia empresa o una caza de brujas para amparar despidos? Un juez de Dénia ha archivado la causa abierta contra 17 trabajadores de Telefónica acusados de robar cable de cobre de la empresa y cree que la denuncia puede haberse usado como un pretexto para justificar sus despidos, según el auto al que ha tenido acceso este diario. El juez concluye que la recogida de material sobrante y su venta en desguaces era una práctica habitual consentida por la empresa de telecomunicaciones.
La operación se desarrolló el pasado mes de marzo por los equipos Roca de la Guardia Civil en la llamada Operación Oro Siglo XXI donde se detuvo a diez trabajadores acusados de «apropiarse» de 16 toneladas de cobre de su empresa, un material que supuestamente se vendía en chatarrerías de la Marina Alta. Los detenidos era trabajadores de Telefónica y alguna de sus subcontratas, entre ellas Teleco, por supuestas operaciones de venta de cable que se remontaban a los últimos cinco años.
Sin embargo, tras la investigación abierta el juez Pablo Pedro Abad concluye que «no se ha acreditado en modo alguno que la totalidad del cable vendido fuese de Telefónica o de los propios titulares de las instalaciones que se sustituían». Tampoco se ha demostrado la existencia de un protocolo de actuación de los empleados sobre la retirada del excedente de cable en las centrales, ni que exista comunicación alguna sobre el modo de proceder. El juez apunta que todo parece indicar que la recogida del material sobrante y su traslado por operarios a desguaces era «habitual, conocida y consentida por la empresa».
«Así se explica que la venta se verificase con el nombre y el logotipo de la entidad y proporcionando todos los datos personales de quien la realiza», insiste el juez, que recalca que sólo se comporta de esta manera quien tiene la creencia de estar obrando adecuadamente. La Guardia Civil atribuyó estos hechos durante la investigación a un intento por parte de los trabajadores de no levantar sospechas y aparentar que las operaciones eran reales.
Para el titular del juzgado es inexplicable también que se hayan esperado a poner la denuncia en el año 2015, tratándose de hechos ocurridos entre 2010 y 2014. En algunos de los casos denunciados los hechos sólo consistirían en una falta que ya está prescrita. Por ello, incide que la denuncia viene a coincidir con actuaciones en el ámbito laboral frente a los trabajadores imputados, «especialmente en los casos de personas con más antigüedad laboral».
Algunos de los trabajadores imputados fueron despedidos por su empresa a raíz de estos hechos, motivo por el que el uno de los abogados de la defensa Joaquín Galant ha incorporado la resolución judicial al proceso que está abierto en la jurisdicción Social por los afectados. También ha pedido el sobreseimiento libre al instructor, ya que el juez en la propia resolución asegura que no hay delito.
