Tras los relevos de los últimos meses al frente de la Fiscalía de Alicanterelevos Fiscalía de Alicante, los responsables de Anticorrupción en la provincia celebraron ayer una reunión con el fiscal jefe, Jorge Rabasa, para fijar unas pautas de funcionamiento en el modo de trabajo. Uno de los objetivos es evitar que la proliferación de denuncias acabe saturando a estos fiscales y que éstos se puedan centrar en asuntos de mayor complejidad. La finalidad era marcar pautas de trabajo internas tras el final del mandato de Juan Carlos López Coig como fiscal jefe de Alicante, quien ha acabado elegido para ir al Tribunal Supremo.
Además de Rabasa, en la reunión de ayer estuvieron el teniente fiscal, José Llor, así como los dos delegados de Anticorrupción en la provincia, Felipe Briones y Pablo Romero. Fuentes del Ministerio Público incidieron en que no toda irregularidad administrativa es un asunto que justifique la intervención de Anticorrupción, a lo que se añade que normalmente estas denuncias suelen ser muy complejas y con documentación abundante, a las que hay que dedicar tiempo para estudiarlas y, en ocasiones, ni siquiera hay delito y resultan ser asuntos que deberían ser solventados en la vía Contencioso-Administrativa.
La junta de fiscales decidió dejar en manos del teniente fiscal la coordinación y el impulso de las denuncias por corrupción. Tras la marcha de López Coig al Supremo, que inicialmente iba a dicha plaza, su cargo acabó siendo ocupado por José Llor. Según las mismas fuentes, será éste quien se encargará de filtrar qué denuncias irán a Anticorrupción y cuáles se repartirán entre el resto de los fiscales coordinadores. Un sistema similar al que se ha venido utilizando hasta la fecha dentro del Ministerio Público para evitar saturarles.
Por otro lado, también se estuvo valorando la posibilidad de que sean los fiscales Anticorrupción quienes acudan a los interrogatorios judiciales por las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa de Alicante y que comenzarán a finales del próximo mes de octubre. La Fiscalía consultará con los superiores de Madrid las posibilidades o alternativas para que estos fiscales puedan acudir a estas comparecencias.
