En pie de guerra estaban y en pide de guerra seguirán los abogados inscritos al turno de oficio de la provincia después del panorama que reveló ayer en Alicante el presidente de la comisión del turno de oficio del Consejo General de la Abogacía Española (CEÑA), Javier Lara. El máximo responsable del turno de oficio de los abogados presentó un desolador futuro para los letrados de oficio si no se pegan como lapas para luchar contra el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que desarrolla el gobierno y que, auguró, facilita el camino a los grandes despachos para repartirse los trabajos que se prestan en los servicios jurídicos de asistencia gratuita de toda España.
Lara valoró también los grandes problemas y pérdidas de derechos con los que pueden encontrarse los ciudadanos debido a esta nueva normativa, ya que, entre otras cosas, la ley contempla un pago de tasas al particular solo por ir a solicitar la información al servicio de orientación jurídica o la necesidad de contar con su presencia física ante el secretario judicial en un plazo de tiempo para expresar su deseo a recurrir.
Javier Lara, también decano del Colegio de Abogados de Málaga, impartió ayer en la sede del Colegio de Abogados de Alicante (Icali) una charla sobre los «Peligros de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita», a la que calificó de dañina tanto para la profesión como para la sociedad. Lara estuvo acompañado durante su ponencia por el presidente del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, a quien felicitó por liderar «con narices la única huelga que se ha hecho en España por parte de los abogados de oficio» con motivo de la imposición de las tasas judiciales en el ámbito de la justicia gratuita. Lara destacó los problemas que para los letrados de oficio tiene la nueva ley, que ahora el servicio que prestan hasta el punto de hacer difícil el sostenimiento del sistema. «Se mantiene el sistema del turno de oficio. Esa es la buena noticia. Pero se pone en peligro la financiación del mismo».
Explicó esto en base a los recortes que Justicia ya ha hecho sobre el turno de oficio después de haber rebajado los honorarios a los abogados y tras reducir en más de 40 millones de euros la inversión en el servicio. Con la nueva ley, dijo, aparecen nuevos colectivos para los que se ha ampliado el acceso a la justicia gratuita, como víctimas de violencia de género o de accidentes con secuelas, o para la representación de asociaciones medioambientales, pero a la vez no se suma financiación para prestar estos servicios o se recorta, lo que «ahoga económicamente al sistema».
Burocracia
Añadió que se complica la burocracia tanto para el ciudadano como para el letrado, que hay que hacer un seguimiento cuantioso de registros y de «sentencias favorables y desfavorables, que a ver eso cómo se explica» y que la Generalitat Valenciana, en este caso, abarcará parte de los honorarios que hasta ahora se llevaba el abogado por las condenas en costas.
Según indicó, el trasfondo de esta situación es la privatización del turno de oficio a la cual habrá que recurrir cuando las cosas no vayan bien o no haya dinero o se acaben las subvenciones, lo que forzará la licitación de este servicio que recaerá «en algún despacho de abogados grande con distintas sedes en España». Para Lara, que dos o tres despachos de abogados controlen y se repartan el turno es algo que se ha puesto en bandeja con la nueva ley.
A ello sumó la cuestión de la territorialidad, ya que la nueva normativa permite que cualquier abogado pueda inscribirse en cualquier turno de oficio de toda España, lo que facilita que un mismo despacho con distintas sedes tenga abogados suyos en cada colegio del territorio nacional. Además, explicó que una atención a un ciudadano de Alicante la va a dar mejor un letrado de Alicante, no uno de Murcia o de Alcoy «por muy cerca que estén». Enumeró otro punto relevante para el ciudadano contemplado en la ley, como la imposibilidad de tener en el mismo año más de dos asistencias gratuitas al considerarse un «abuso».
