La Ley de Acceso a la Justicia Gratuita incorpora a los graduados sociales al sistema del turno de oficio de asistencia letrada grautita para los casos que se abordan en los juzgados de lo Social, que comprenden despidos y asuntos laborales. El presidente del turno de oficio del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Javier Peláez, indicó que otorgar a un ciudadano un graudado social supone darle una defensa «de segunda». «No lo digo, lo dice el Tribunal Constitucional, que habla de un intento desesperado de los graduados sociales por asumir las funciones del abogado, que es quien mejor va a poder defender los intereses del justiciable porque es para lo que estamos preparados». Señaló que uno cuando paga elige «lo que quiera», pero que cuando es el Estado el que te asigna un profesional debe procurarse que sea un letrado. s. ll.
