Un compromisario de Elche ha terminado por abrir uno de los grandes melones que, antes o después, tendrá que debatir el PP: la democratización del sistema de designación de sus candidaturas electorales, que actualmente se realiza «a dedo» por un comité teledirigido a su vez por cada cúpula popular. José Antonio Peral, abogado ilicitano y marido de la diputada provincial Mercedes Alonso, solicita, en una enmienda que en principio está pendiente de entrar a debate en el congreso popular que arranca en 24 horas en Madrid, que se introduzca una consulta a los militantes como «criterio» del comité electoral a la hora de designar a los candidatos a diputados y senadores además de los cabezas de lista en los comiciuos municipales. La operación cuenta con el respaldo de compromisarios de varias provincias de España, que también han registrado enmiendas en los mismos términos que este militante ilicitano.

Los intentos de apertura del PP, en principio, se quedarán a medias en el congreso que se celebrará durante este fin de semana en Madrid para encumbrar de nuevo a Mariano Rajoy a la cúspide de Génova. La cúpula popular ha pactado una tímida apertura con un sistema de elección a dos vueltas de los presidentes del partido en toda España salvo en Madrid y la Comunidad, donde se elegirán los liderazgos del PP en asambleas locales y se ratificarán, posteriormente, en congresos asamblearios con la participación de todos los militantes que, previamente, hayan decidido inscribirse en un censo habilitado «ad hoc» para ese proceso interno.

La propuesta de José Antonio Peral pone sobre la mesa algo que, tarde o temprano, los populares tendrán que abordar: un modelo de designación de las candidaturas alejado de la mesa camilla y el cuarto oscuro en los que ahora se elaboran las listas del PP. La enmienda plantea, en síntesis, que cada comité electoral -el órgano hasta ahora encargado de designar esas candidaturas- siga teniendo la competencia final de la elección de esos aspirantes pero que tenga en cuenta el criterio de los afiliados, que serían consultados en asambleas sobre sus preferencias en esas listas. La iniciativa, más allá de otras claves que tienen que ver con la pugna por el control del PP de Elche entre Mercedes Alonso y Pablo Ruz, tiene un enorme calado: nadie se atrevería, salvo que quisiera enfrentarse a una revuelta, a revocar una asamblea en la que los afiliados se decantaran de forma clara y nítida por un aspirante a diputado, a senador o por un número uno local.

Génova ya ha cedido con Madrid y la Comunidad a la hora de autorizar los procesos asamblearios para contentar a Cristina Cifuentes y también a Isabel Bonig. Pero no pasará, desde luego, de esa «línea roja». Hasta el punto de que, a 24 horas de iniciarse el congreso, la dirección nacional del PP está intentando por todos los medios evitar esta polémica que, en el fondo, supone poner coto a uno de los grandes poderes que tienen los órganos ejecutivos populares: el control de las listas y de los notables del partido.