Cuando el general Aníbal asedió Sagunto en el 219 a. C., la ciudad lanzó una llamada de auxilio al imperio romano para resistir al invasor. 2.236 años más tarde, un Consell asfixiado por la deuda y la infrafinanciación estatal se encomienda a la Unión Europea para poder desarrollar sus políticas y acelerar la reactivación económica. Tras un fin de semana de encierro entre ruinas romanas a orillas del Palancia, los diez consellers y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, comparecieron ayer en un yacimiento del siglo I transformado en museo para ofrecer las conclusiones del cónclave de Sagunto, a medio camino entre el autoexamen de los objetivos propuestos en los seminarios de gobierno anteriores y la fijación de nuevos retos para el próximo semestre.

El paquete de 50 medidas que esta vez ha diseñado el Consell con «una mirada social y de recuperación económica» basada «en el gran objetivo de la ocupación» -en palabras de Puig- tiene un marcado sello europeísta. El primer punto del documento -y el principal por orden de prioridad- aboga por reestructurar la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea nacida en 2003. El objetivo: ampliar la participación de la sociedad civil y la universidades valencianas. El segundo consiste en la creación de Unidades de Asuntos Europeos en todas las consellerias para ganar más voz y capacidad de intervención en Bruselas mediante una mejor coordinación y un refuerzo de la acción de la Generalitat en las instituciones comunitarias. Entre las metas de la Conselleria de Hacienda también figura la aprobación del Plan de Acción de Financiación Europea, una estrategia para captar fondos.

Municipalización y descentralización fueron las otras dos palabras más repetidas ayer. La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, incidió en el impulso de la nueva red de servicios sociales en los ayuntamientos que persigue un salto cualitativo en la atención y la proximidad y la creación de ocupación vinculada a la economía social. La constitución de gabinetes psicosociales comarcales en los juzgados de familia y la convocatoria de una bolsa de trabajo para proveer puestos interinos de secretaría-intervención en 200 consistorios van en la misma línea.

Entre los deberes que se ha puesto el Consell de aquí a julio también figura la elaboración de un nuevo Plan para dignificar las Infraestructuras Judiciales y otro de centros de discapacitados para reducir listas de espera, la tramitación de un nuevo Plan Integral de Residuos para alcanzar los estándares medioambientales y de un nuevo Plan de Rehabilitación de Viviendas, dotado de 3 millones de euros en 2017 y encaminado a la reforma interior.

Entre los retos de Sanidad, destaca la puesta en marcha del plan para reducir la tasa de suicidios a través de acciones de concienciación, formación y coordinación, y el impulso de una receta electrónica interoperable que permitirá dispensar medicación prescrita en cualquier comunidad autónoma.

Según el autoexamen del Consell, el bipartito ha cumplido un 63% de los objetivos planteados en la anterior seminario de Torrevieja (49), mientras que el resto estaría «en ejecución». Algunos sufren grandes retrasos o se han reorientado. El mayor grado de cumplimiento se da en Vivienda (100%), mientras que en Economía el porcentaje es del 22%.