La Generalitat no se va a conformar con un premio de consolación en los contactos que ya se han iniciado para negociar un nuevo reparto de la tarta de la financiación autonómica. Va a jugar todas sus cartas. Y no sólo para que se tenga en cuenta el peso de la Comunidad en ese nuevo sistema que, hasta aquí, ha discriminado de forma sistemática a las arcas del Consell. Como ya anunció este periódico de acuerdo con la posición que Ximo Puig expuso en la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada la pasada semana, la Generalitat también reclama a Madrid una compensación extraordinaria por el impacto de la falta de financiación -unos 1.300 millones anuales- que ha engordado el «agujero» de la deuda, cantidad que, conforme a los informes de la Sindicatura de Comptes, llegaría a 16.000 millones. El Gobierno Valenciano quiere demostrar con datos en la mano que esa cifra puede ser, incluso, muy superior.

La conselleria de Hacienda, dirigida por Vicent Soler, de hecho, ya ha solicitado un informe al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para que audite el expolio de la financiación al Consell no tan sólo desde 2002, cuando se puso en marcha un sistema de reparto más o menos estable. La Generalitat pretende evidenciar que el maltrato a la Comunidad se remonta al año 1982, cuando se inició el autogobierno con la aprobación del Estatuto de Autonomía. A mediados de la década de los 80, el Gobierno valenciano asumió las principales competencias que ahora gestiona, Sanidad y Educación, con cargo a recursos de deuda mientras que a otras comunidades se les concedió en condiciones económicas ventajosas y a cambio de financiación. Así que, según explicaron fuentes de la conselleria, es casi seguro que el volumen de la «deuda histórica» es bastante superior a la cantidad que puso sobre la mesa la Sindicatura de Comptes en su memoria anual.

En las últimas horas, además, se ha abierto otra posibilidad de que la reforma del sistema de financiación suponga un alivio para las arcas autonómicas. No sólo para disponer de mayor liquidez en la gestión del día a día, sino también para rebajar el lastre de la deuda. El Ministerio de Hacienda parece estar dispuesto a estudiar en los casos de aquellas autonomías como la Comunidad que han sufrido la falta de financiación, un sistema que condone parte de las deudas bancarias que han tenido que asumir a través del rescate -Fondo de Liquidez Autonómica- como consecuencia del maltrato en el reparto de fondos públicos. «Puede ser un camino para mejorar nuestra financiación», apuntó Ximo Puig durante un acto en el Palau de la Generalitat. «Lo que otros han recibido como financiación ordinaria, nosotros lo hemos recibido como crédito y ahora hay que subsanar esa situación anómala», resaltó.

Lo cierto es que, efectivamente y como apuntó el jefe del Consell, estamos ante una situación extraordinaria. De acuerdo con los datos actualizados hasta finales de 2016, por primera vez en la historia más de tres cuartas partes del endeudamiento bancaria de la Generalitat está en manos del Estado. Concretamente, esa cifra alcanza los 34.224 millones, el 76,5% de toda la deuda del Consell que, a falta de los próximos informes del Banco de España, rondaría los 44.000 millones. «Por fin Montoro se ha abierto a estudiar una reivindicación que se genera por un deficit de financiación astronómico. Cualquier solución viable pasa por reestructurar la deuda», apuntó Soler. Esa solución al Estado no le genera problema: toda la deuda ya está computada por la UE.