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La Generalitat toma nota en Alicante de las principales inquietudes de los ciudadanos

Los miembros del Consell diseccionan en el foro «Diàlegs d'Estiu» el primer año al frente de sus respectivas competencias, con la infrafinanciación como problema transversal

La Generalitat toma nota en Alicante de las principales inquietudes de los ciudadanos

Cinco jornadas de diálogos entre los miembros del Consell y los ciudadanos han dado para mucho: el pasado, presente y también el futuro de la Comunidad, a debate en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la UA. Decenas de asuntos se han puesto esta semana sobre una mesa en torno a la que se han sentado el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat, junto al resto de consellers. Todos ellos se han expuesto a las preguntas de los ciudadanos preguntas ciudadanos que, previamente, se habían inscrito para participar en una iniciativa pionera hasta la fecha en España. Si un tema ha sido citado por prácticamente la mayoría de los miembros del Consell, ése ha sido la infrafinanciación que sufre la Comunidad, y que el titular de Hacienda, Vicent Soler, elevó hasta los 19.300 millones de euros desde 2002, año en el que Aznar y Zaplana (PP) cambiaron un modelo posteriormente modificado por Rodríguez Zapatero (PSOE).

Infrafinanciación

No fue el primero ni el único que habló sobre la infrafinanciación que arrastra históricamente la Comunidad, pero sí el que más números puso sobre la mesa. El titular de Hacienda, Vicent Soler, hizo énfasis en la losa que supone para el Consell la infrafinanciación que sufre la Comunidad. «Me toca poner freno en muchas ilusiones de mis compañeros de gobierno», admitió Soler. El resto de consellers lo fueron confirmando en los otros diálogos ciudadanos en la sede de la UA.

Dependencia

Fue uno de los asuntos sobre los que pivotó la intervención de la vicepresidenta del Consell y titular de Políticas Inclusivas. Oltra subrayó la herencia del PP en asuntos sociales en la Comunidad: «Dejaron 45.000 dependientes en lista de espera». Unas cifras que no alcanzarán el cero, según reconoció, hasta finales de 2018.

Educación concertada

El conseller de Educación, en una de los diálogos con más morbo de la semana, se mostró contundente acerca de la educación concertada: se actuará en los casos en los que no se cumpla la ley. Marzà subrayó que para que una empresa privada preste un servicio público debe haber un «número mínimo de alumnos».

Libertad comercial

Otro de los asuntos «estrella» de la semana en el foro «Diàlegs d'Estiu» fue la libertad comercial, que se desarrolló durante la intervención del conseller de Economía, Rafa Climent, una charla a la que asistieron los principales representantes del comercio en la ciudad. En su discurso, el dirigente de Compromís emplazó a todos los actores protagonistas a «ceder» para alcanzar un gran pacto que ponga fin a un conflicto que lleva años enquistado y que se ha avivado en los últimos meses con los bandazos del Consell y del Ayuntamiento.

RTVV

El fututo de RTVV fue otro de los asuntos que también reclamó la atención de los ciudadanos, sobre todo en las intervenciones del presidente Puig y de la vicepresidenta Oltra. Ambos señalaron que la Comunidad volverá a tener un nuevo ente autonómico, aunque no profundizaron en los detalles de un proyecto que está centrado ahora eligiendo a su presidente. «Sí, más temprano que tarde», respondió Oltra sobre la prevista apertura de RTVV.

Plurilingüísmo

En Educación no sólo se habló de la concertada, sino que el conseller Vicent Marzà se mostró también firme a la hora de acabar con la exención lingüística del valenciano en la Vega Baja, a la vez que criticó la «demagogia» del Partido Popular. «Están pidiendo que no se haga lo que ellos mismos aprobaron», ironizó Marzà.

Modelo productivo

Un cambio del modelo productivo, con el objetivo, entre otros, de impulsar la creación de empleo fue un tema que ocupó a los consellers de Economía y también a la de Medio Ambiente, Elena Cebrián. El alicantino Climent también se centró en un impulso de las energías renovables.

Infraestructuras

La precaria situación financiera que atraviesa la Generalitat no permitió que los consellers realizaran muchas promesas en relación a futuras infraestructuras, aunque alguna sí que se puso sobre la mesa durante toda la semana de diálogos en la sede de la UA en Alicante. La titular de Justicia, Gabriela Bravo, fijó la reforma de los juzgados de Benalúa «a lo largo de esta legislatura», a la vez que admitió que con el agujero de las arcas públicas no se puede soñar con levantar una Ciudad de la Justicia en Alicante. Por su parte, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, recordó que el próximo año los Presupuestos de la Generalitat contarán con una partida para poner en marcha de nuevo las obras del túnel de la Serra Grossa, paralizadas desde el año 2011.

Concesiones sanitarias

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, anunció un plan de inversiones en infraestructuras de unos 330 millones de euros hasta el final de la legislatura. Montón también resaltó las medidas con las que va a intentar atar en corto a las concesiones sanitarias que tienen empresas privadas en algunos departamentos de salud.

Freno a la corrupción

El titular de Transparencia y promotor del foro «Diàlegs d'Estiu», Manuel Alcaraz, puso énfasis en las medidas para generar una «ética pública» que «rescate» la democracia. «Generamos cortafuegos contra la corrupción», añadió Alcaraz, quien afirmó que el Consell está «para reconstruir el sentido de las buenas prácticas y atender las demandas de al ciudadanía». Para ellos, para esa ciudadanía, Transparencia promovió un foro que se repetirá el próximo año, aunque además de los consellers se prevé la asistencia de los principales alcaldes de la Comunidad.

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