El Consell, constituido en Junta General de Accionistas de Radiotelevisión Valenciana SAU, ha acordado instar a los liquidadores de la sociedad a realizar las operaciones mercantiles necesarias para la adjudicación a la Generalitat de todos los bienes y derechos de RTVV, así como a iniciar la resolución del contrato de alquiler de la sede de RTVV en Alicante, lo que permite ahorrar 3 millones de euros.
Según ha informado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, esta decisión se produce después de que la semana pasada el pleno de Les Corts aprobara la toma en consideración de la proposición de ley para la puesta en marcha de la nueva RTVV, que pasará a llamarse Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.
En virtud del acuerdo adoptado por el Consell, se inician los pasos para ceder a la Generalitat, garante legal del pago de las deudas de la sociedad RTVV, todos los activos necesarios para la prestación del servicio público autonómico de radio y televisión por parte de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.
Por otra parte, el Consell también ha acordado instar a los liquidadores de la sociedad a resolver el contrato de derecho de superficie suscrito en 2002 con la mercantil Mizquitillas para la sede de RTVV en Alicante y encomendar a la Abogacía de la Generalitat que estudie la adopción de actuaciones para defender los intereses de la Generalitat.
La resolución del contrato permitirá liberar del pago de una cantidad global cercana a los tres millones de euros, correspondientes al canon mensual establecido hasta 2035.
Los liquidadores ya dejaron de hacer frente a las obligaciones del contrato por considerar sus cláusulas abusivas, lo que ha permitido además dejar de pagar 371.398,45 euros.
El acuerdo adoptado por el Consell encarga ahora a la Abogacía que valore y proponga, si es el caso, acciones en relación con este contrato, suscrito en 2002 por un periodo de 33 años con pagos mensuales de 18.483,91 euros más IVA, que han ido incrementándose sucesivamente con las actualizaciones del IPC.
El contrato firmado en 2002 incluye, como condición resolutoria expresa, la extinción del derecho de superficie en el caso de que se dejen de abonar seis cánones mensuales, así como que el edificio pase a manos de la mercantil, algo que hubiera sucedido igualmente aunque se hubiera seguido pagando el canon hasta 2035, dado que el contrato así lo estipulaba también.
Actualmente, la sede de Alicante, que costó 4,48 millones de euros al erario público, se encuentra vacía y lista para su entrega.
