40.000 personas murieron sin recibir la ayuda de dependencia durante la etapa del PP

El informe de la Sindicatura de Greuges descubre que el PP retrasó hasta 50 meses la atención a dependientes

02.06.2016 | 10:40
El Síndic de Greuges, José Cholbi, junto con su adjunto, Ángel Luna, en la entrega del informe a Enric Morera.

La memoria anual cifra en 40.000 el número de solicitudes de personas que murieron en la etapa de los populares sin cobrar las prestaciones.

Hasta cincuenta meses en la valoración de la atención en Dependencia, expedientes «ocultos» en los cajones, peticiones de información que se negaban hasta en cuatro ocasiones, impagos generalizados de la renta garantizada, riesgo de desatención con los menores, 40.000 solicitudes sin contestar de dependientes que murieron sin cobrar ni un euro... Este es el panorama con el que se encontró el nuevo gobierno de izquierda liderado por Ximo Puig y Mónica Oltra cuando llegó al poder y relevó al último Consell del PP de Alberto Fabra, según consta en el informe sobre el año 2015 que la institución que encabeza José Cholbi con Ángel Luna y Carlos Morenilla como adjuntos entregó ayer mismo al presidente de las Cortes, Enric Morera. La memoria anual del alto comisionado parlamentario para la defensa de los derechos de los ciudadanos evidencia el caos en la política social que heredó hace ahora un año el ejecutivo progresista que comparten el PSPV y Compromís.

El informe de la Sindicatura está elaborado, en esta ocasión, en unas circunstancias especiales. Está a caballo entre la labor del anterior gobierno del PP y el actual Consell de izquierdas. La gestión de los servicios sociales, en cualquier caso, es la que más quejas ha generado entre los ciudadanos –un total de 3.190, el 23,45% del total– que recurren a la institución, la más importante de la administración autonómica con sede en Alicante. La preocupación de los valencianos por el despliegue de las políticas de bienestar ha llevado al Síndic de Greuges, José Cholbi, a crear un observatorio dirigido por Ángel Luna y que estará dedicado a analizar todas las medidas que acaba tomando la Generalitat con sus competencias más sociales.

La memoria anual de la Sindicatura de Greuges destapa el descontrol en la gestión de la política vinculada al Estado del Bienestar durante la etapa del PP. El informe incide en los «múltiples» casos en los que la valoración de la atención a los dependientes –un trámite que debe realizarse en medio año– se alargaba más de cuarenta o cincuenta meses, cita textualmente el documento. A raíz del cambio de gobierno, la nueva consellera, la vicepresidenta Mónica Oltra, sí remitió una serie de informaciones en las que, por ejemplo, se destapan, apunta de forma textual, casos que se encontraban «ocultos» y que la nueva administración intenta ahora resolver. También hace hincapié en la obligación que tiene la administración de resarcir a los familiares de los dependientes –unos 40.000, calcula– que perdieron la vida esperando a que se reconocieran sus derechos. Considera que se les debe entregar parte de los fondos en tanto que tuvieron gastos para afrontar una situación familiar tan complicada.

El adjunto al Síndic de Greuges y responsable del Observatorio de Política Social, Ángel Luna, ratificó que el departamento de la Generalitat que más reclamaciones recibe es la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, «heredera de la de Bienestar Social». «Son temas que se arrastran de una legislación que se remonta a 2013, el decreto del copago, que fue anulado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pero estuvo en aplicación a lo largo de 2014», apuntó. «Se arrastra también desde 2012 la suspensión durante dos años de la aplicación de las prestaciones de la Ley de la Dependencia. Esos son los temas en los que ha habido discrepancias a la hora de interpretar las normas entre el Síndic y la conselleria. Las sentencias, hasta la fecha, nos han dado la razón», añadió Luna. Sobre este asunto, ratificó que se reciben quejas «en relación con cuando fallece una persona antes de tener su plan de dependencia aprobado y los herederos reclaman, con razón, al menos un resarcimiento por parte de la Administración». «Son muchas personas las que mueren antes de poder disfrutar de la prestación a la que tienen derecho», subrayó el síndic adjunto en la comparecencia.

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