La Generalitat Valenciana es el gobierno autonómico que menos gasta en Servicios Sociales de toda España, ya que sólo dedica a esta competencia 196 euros al año por habitante frente a los 307 euros de la media estatal. Y también es el que menos invierte en atención social en relación a su PIB, sólo el 1,03% frente al 1,41% de media, según señala la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. El presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez Navarro, tiene previsto incidir hoy en esos datos con un análisis sobre los servicios sociales y el sistema de atención a la dependencia en la Comunidad.
En su comparecencia, Ramírez realizará también un avance de algunos indicadores del Índice DEC (Derechos/Economía/Desarrollo) de valoración de los Servicios Sociales. En concreto, se presentarán los resultados de la aplicación de un escala de valoración del sistema de atención a la dependencia en el territorio así como un estudio sobre el desarrollo y aplicación de esa normativa en el último año.
Estos indicadores revelan que el ejecutivo liderado por Alberto Fabra es el que menos invierte en Servicios Sociales de todos los gobiernos autonómicos, sólo un 5,89% frente al 7,74 de la media. Además, la Comunidad es la que tiene peor ratio per cápita de trabajadores en plantilla en centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida , una distribución de apenas uno por cada 7.916 habitantes.
Del mismo modo, la autonomía está en disposición de cubrir la asistencia a domicilio de apenas el 2,3% de las personas mayores de 65 años, mientras que la media estatal es del 4,3%. En lo que va de año, se han dejado de atender 1.030 casos de dependencia en la Comunidad, según fuentes de la asociación.
Pérdida de derecho de asistencia
Además, los autores del índice señalan que cada día durante 2014 unas 20 personas han perdido el derecho a ser atendidas por la Ley de Dependencia y que cada año se pierden más de un millar de empleos por el retroceso en el sistema de atención a personas con enfermedades o incapacidades severas. En el territorio autonómico, el decreto de contención de gasto local se ha traducido en un recorte de 300 millones de euros que afecta a 800.000 usuarios y amenaza 3.000 puestos trabajo, señala el índice que se presentará hoy.
