El exdirector de Ingeniería y Obras de Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA) Francisco Valiente señaló en su testimonio ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, las presuntas irregularidades en los contratos de la empresa pública irregularidades en la construcción de las desaladoras alicantinas de Mutxamel-Campello y Torrevieja, así como en la Rambla Gallinera.

Con la de Torrevieja, por ejemplo, dice Valiente que «se movió cielo y tierra» para recuperar unos fondos europeos por importe de 55 millones a pesar de que era «un desastre» porque había «fisuras» y muchos otros problemas.

Las órdenes del exdirector geneeral, Arcadio Mateo, eran no obstante, mantener los trabajos con las empresas contratistas, que en el caso de la planta de Torrevieja era Acciona. «Una cosa de estas te puede joder la vida», le comentó Valiente al exdirector general de Acuamed.

Según explicó al juez, Arcadio Mateo era una persona que le dio «vidilla» al confiar en él después de una enfermedad de pulmón para pedirle que organizara Acuamed «como si fuera una empresa privada».

En su declaración ante el juez Velasco relaltó que tanto él como otros empleados de esta empresa pública sufrieron constantes presiones por parte Arcadio Mateo, quien en algunos contratos supuestamente irregulares llegó a hacer alusión a presiones de terceros. «Paco, esto es así, no es cosa mía, hay mucha gente ahí... en el partido y tal», asegura Francisco Valiente que le dijo Arcadio Mateo en relación a la desaladora de Mutxamel-Campello. Este antiguo directivo de Acuamed le había advertido de irregularidades que «podían joderle la vida».

Al hacer alusión a gente del partido, el juez Velasco paró el relato de Valiente para que le especificara si se refería a una forma de financiar al partido. «No lo sé», contestó éste, que sólo añadió que Arcadio Mateo le explicó: «Aquí todos los contratistas tienen que vivir». El instructor preguntó al exdirector general Acuamed, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, si había favorecido «escandalosamente» a empresas privadas para «financiar a un partido político o para meterse el dinero en el bolsillo». Arcadio Mateo respondió que no había beneficiado a nadie y que así lo demostraría, al tiempo que se acogía a su derecho a no declarar.

El juez cree que el ex director general de Acuamed y su número 2, Gabriela Mañueco, dirigían la empresa pública como una «organización criminal» que se dedicaba a favorecer intereses privados.

La cuestión es que, según planteó en su interrogatorio Velasco a Gabriela Mañueco, directora de Ingeniera y Construcción de la empresa pública, Acuamed funcionaba como «una trama de organización criminal» en la que ella actuaba como «brazo derecho y primario» de Arcadio Mateo. A ambos les acusa de «despedir o remover» a todos aquellos técnicos o directivos que se oponían o ponían reparos a sus «caprichos y decisiones».