El departamento de Intervención de la Diputación Provincial ha rechazado el acuerdo del PP y Ciudadanos del pasado 2 de marzo sobre la realización de una auditoría externa para fiscalizar los últimos 12 años de gestión popular en la corporación. En un amplio informe de 37 folios, este departamento del área de Hacienda y Administración General de la Diputación concluye que la auditoría externa propuesta «sería una duplicidad de las actuaciones de control financiero» realizadas por la propia Intervención General en el mismo periodo de 2003 a 2014.
El dictamen también recuerda que el modelo de control interno de la Diputación ha sido avalado por las fiscalizaciones externas de la Sindicatura de Cuentas y que esta supervisión de legalidad y económico-financiera corresponde en exclusiva a funcionarios.
El informe de Intervención viene a desautorizar el acuerdo aprobado en el pleno de marzo por el grupo popular de gobierno y el diputado de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, quien, a última hora, presentó una enmienda a la totalidad de la propuesta de Compromís de creación de una comisión de investigación de la gestión del PP bajo mandato de los expresidentes José Joaquín Ripoll (2003-2011) y Luisa Pastor (2011-2014). Con ese acuerdo, el «gobierno popular» y Sepulcre torpedearon la citada comisión de investigación y la sustituyeron por una auditoría externa que ahora cuestiona la Intervención General.
A raíz de esta resolución jurídica firmada el pasado jueves por la interventora general de la Diputación, la oposición se plantea volver a pedir en el pleno de mayo la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de Ripoll, para el que el fiscal pide 16 años de prisión por la adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja en el denominado «caso Brugal».
«Como quiera que la auditoría externa propuesta es inviable», explicó ayer la portavoz de EU en la Diputación, Raquel Pérez, «vamos a llevar de nuevo al próximo pleno la comisión de investigación; y si el presidente la vuelve a retirar del orden del día es porque el PP tiene algo que ocultar». En efecto, el PP desestimó esta propuesta en la sesión de abril por considerar que el asunto ya había sido debatido en el pleno de marzo. «El informe de intervención es rotundo y concluye que la auditoría externa propuesta por PP y Ciudadanos no tiene ninguna justificación», añadió Raquel Pérez. «Por lo tanto, si no quieren fiscalizar esos 12 últimos años es porque algo oscuro debe de haber y lo quieren tapar».
El informe de la Intervención es concluyente cuando señala que en el periodo 2003-2014 la Diputación ya ha sido sometida a fiscalización externa por parte de la Sindicatura de Cuentas, cuyo dictamen elogia la implantación «adecuada» del control financiero y de eficacia por parte de la institución alicantina.
En cuanto a la pertinencia de las auditorías en las diputaciones, el informe se remite al Tribunal de Cuentas y destaca que el pleno de la corporación no está facultado «para sustituir, por su sola voluntad, las competencias legalmente atribuidas a los funcionarios».
