Las grabaciones de las que partió el proceso son «meras copias» manipuladas que «no pueden ser autentíficadas» ni, por lo tanto, servir como prueba. Y cuando se autorizó pinchar el teléfono del empresario Enrique Ortiz, el 9 de mayo de 2008, «no existía indicio alguno de que pudiera estar incurriendo en responsabilidad criminal», además de que ya habían transcurrido cuatro meses desde que se adjudicó el macrovertedero de la Vega Baja, objeto de la investigación, a la oferta de las empresas Cespa-Ortiz .
Así arranca el abogado Francisco Ruiz Marco el recurso que, a diferencia de la mayoría de los procesados (que se han dirigido primero a la instructora), ha presentado directamente ante la Audiencia contra el procesamiento del promotor alicantino, un escrito en el que arremete con dureza contra la instrucción de una causa que califica de «monstruosidad procesal» e «hidra jurídica», en alusión a la veintena de piezas que se fueron desgajando del denominado caso Brugal.
Tras insistir, una vez más, en la nulidad de las escuchas, el letrado niega lo afirmado en el auto de procesamiento sobre su cliente, de quien afirma que ni le ha regalado un millón de euros ni dos pisos al también investigado José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación, ni tampoco le ha comprado la finca Las Pistolas al empresario Ángel Fenoll, encausado por estos hechos por una connivencia con Ortiz que las acusaciones vinculan directamente a los supuestos amaños en la adjudicación de proyecto cuando, precisa Ruiz Marco, ambos «eran rivales que estaban enfrentados y competían por el mismo concurso público».
A lo largo del medio centenar de folios de extensión, la defensa de Ortiz mantiene que en este proceso «no se investigó a una persona o a un grupo de personas con fines presuntamente delictivos» sino a gente «que tenía en común hablar por teléfono» y de la que «se ha escudriñado en toda su actividad». A Ortiz «se le ha investigado la totalidad de la vida. Nada ha escapado a las escuchas telefónicas y subsiguientes indagaciones», apostilla.
No olvida Ruiz Marco entrar también en la «desproporcionada duración» del procedimiento, «que no puede ser excusada por la complejidad de los tipos delictivos (...) no se investigan complicados delitos fiscales o societarios que podrían exigir laboriosas investigaciones contables». Y asegura a renglón seguido que no ha sido capaz de encontrar «un solo proceso en el que el secreto sumarial se prolongara por tres años».
Considera también el penalista que toda la investigación, por la que han desfilado cerca de una decena de jueces, ha adolecido de un «efectivo control judicial» y pone como ejemplo un auto por el que se prorrogaban las escuchas en esta causa donde rezaba que era «por la presunta implicación de los imputados en una red dedicada al tráfico de drogas». Un hecho que califica de anécdota pero que le sirve para fabular sobre cómo debió trascurrir la investigación: «la Policía le remitía al fiscal y al juez un informe con sus opiniones de lo que venían escuchando en las intervenciones telefónicas, el fiscal solicitaba al juzgado la prórroga de las mismas y el juzgado, el mismo día que recibía el informe de la Policía o el escrito del fiscal (aunque abarcaran cientos de páginas y horas de escuchas) autorizaba la intervención telefónica o su prórroga».
En cuando a los hechos que se le atribuyen a Ortiz, para Ruiz Marco, el que se trate de un instrucción «basada esencialmente en conversaciones telefónicas» hace imposible «ni tan siquiera intentar una refutación ni de los hechos ni de la provisional calificación jurídica».
En el recurso, al que tendrá que dar respuesta un tribunal de la Audiencia, recuerda también que no era el juzgado que investiga la contrata de las basuras de Orihuela, de donde partió el asunto del plan zonal, el competente para instruir este último.
