Y la cuerda se rompió. La decisión del presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, de mantener la asignación de cargo y sueldo a dos diputados imputados en el ente provincial ha terminado por dinamitar el acuerdo entre Ciudadanos y PP, que hasta ahora garantizaba la gobernabilidad en la corporación. Tras varias semanas de tira y afloja, después de que el presidente de la Diputación aprobara dar competencias al alcalde de La Nucía, el popular Bernabe Cano, y al exprimer edil de Benidorm, el socialista Agustín Navarro -ambos imputados por delitos de corrupción administrativa-, el único diputado de C's, Fernando Sepulcre, anunció ayer la ruptura del acuerdo que dio la presidencia a César Sánchez hace tan solo seis meses distánciandose del PP, además, en plena negociación entre los socialistas y Albert Rivera para formar gobierno en Madrid.
La negativa del presidente de la Diputación a la solicitud de C's de retirar el cargo y el sueldo a Cano y a Navarro durante el pleno que se celebró ayer por la mañana, fue el detonante de la fractura. Con todo, la quiebra del acuerdo entre PP y C's no supone una amenaza inmediata para los populares ya que, por ahora, queda descartada una moción de censura, como confirmaron desde de la formación de Albert Rivera. Esta situación sí podría cambiar en un futuro si se tiene en cuenta que la fractura en la Diputación de Alicante se ha producido en pleno proceso de negociaciones a nivel estatal por el Gobierno central. Un acercamiento entre Ciudadanos y PSOE en clave nacional podría provocar un vuelco en el gobierno provincial y propiciar un pacto entre los diputados socialistas y el representante de la formación de Albert Rivera que, con la abstención del resto de fuerzas, desalojaría a los populares del poder.
Un escenario que, de momento, queda lejos si se tiene en cuenta la buena sintonía que se ha dejado ver entre PSOE y PP durante las últimas semanas, tras el acuerdo alcanzado para el reparto de subvenciones de los diferentes grupos. Además, los socialistas han adoptado una postura similar a la del PP en la cuestión de los diputados imputados al ser el socialista Agustín Navarro uno de los afectados por la polémica.
El presidente de la Diputación, César Sánchez, sin embargo, defendió ayer que el hecho de mantener a Cano y Navarro es una «decisión personal». «El nombramiento se ha realizado pasadas las elecciones para evitar su uso partidista en época electoral», justificó ayer Sánchez durante su intervención en el pleno, en la que rechazó la solicitud de C's. Asimismo, hizo hincapié en que «una investigación administrativa no es motivo para apartar a nadie» y matizó que, a su juicio, «no se ha incumplido el pacto de investidura ni se ha creado alarma social», en respuesta a las acusaciones de Sepulcre, quien durante su intervención expuso este argumento para reclamar la revocación.
Pese a que el portavoz del PSOE, José Chulvi, preguntó a Sepulcre hasta en tres ocasiones sobre su reacción ante la negativa de César Sánchez, el diputado de C's esperó al término de la sesión para realizar el anuncio. Sepulcre, que a lo largo de las últimas horas ha mantenido contactos con la dirección autonómica de C's como apuntaron fuentes del partido naranja, señaló que está abiertos a llegar a acuerdos con el PP, que gobierna en minoría, pero ahora también con la oposición. Los populares, en principio, no tomarán represalías contra Sepulcre a nivel de cargo, sueldo o asesores, según pudo saber este diario.
La ruptura del pacto de investidura entre C's y PP abre un nuevo escenario en el palacio provincial que podría poner en riesgo la estabilidad en el gobierno en caso de que los populares no logren alcanzar acuerdos puntuales con el resto de fuerzas -PSOE, Compromís, C's y EU- para sacar adelante sus propuestas, por lo que será necesario que busquen el consenso con los cuatro partidos de la oposición para asegurar la gobernabilidad.
