La Diputación de Alicante ha dado competencias a dos diputados que no las tenían. El presidente de la institución, César Sánchez, ha firmado los decretos de nombramiento (por tanto, sin el consenso de los grupos) para el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano del Partido Popular y el exalcalde socialista de Benidorm, Agustín Navarro. Ambos pasan a ocupar sendas áreas por las que percibirán un sueldo del que hasta ahora no disponían; en el caso de Navarro será parcial, del 75%. Cano se encargará en el área de cooperación municipal de los Planes de Mejora a Municipios, un apartado que hasta ahora estaba en manos del presidente, y manejará un presupuesto de 35 millones de euros, mientras que Navarro se ocupará de la vicepresidencia de la Comisión Especial de Cuentas.
Fuentes de la Diputación aclaran que en ningún caso se incumple el pacto firmado contra la corrupción, «ya que ambos están imputados por motivos administrativos y no por corrupción». Es por esa misma razón por la que el grupo Ciudadanos, como partido que con su voto permite que el PP presida la Diputación, asegura que no pone trabas a estos nombramientos y aunque no ve con buenos ojos que dos imputados ostenten cargos en la entidad «es cierto que no traspasan nuestra línea roja que es la corrupción», explicaba el portavoz. Fernando Sepulcre añadió que en el caso de que ambas imputaciones se conviertan en condena sí se opondrán a que ocupen cargos en la institución.
El alcalde de La Nucía está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa y desobediencia, relacionado con una oferta pública de empleo convocada en 2008. Mientras, el diputado socialista se debe de enfrentar en los juzgados a una denuncia interpuesta por un sindicato próximo al PP por la contratación fuera de presupuesto de trabajadores.
Sin posibilidad de debate
Este nombramiento se conoce el mismo día en el que Compromís anunciaba un recurso administrativo contra la dotación económica que se asigna a los partidos y que cuadruplica el dinero que van a percibir. Un pacto alcanzado a nivel nacional entre PP y PSOE. Lo presentaron ante el registro de la Diputación después de no haber lograr que se debatiera en el pleno de ayer una moción de urgencia relacionada con el aumento de 108.000 euros a 518.000 euros de la asignación que recibirán los cinco grupos políticos para efectuar su labor política. Un dinero que, según el reglamento, no se puede destinar ni a contratar personal ni a la compra de bienes inventariables.
La secretaria de la institución advirtió que no podían debatir un punto ya aprobado en el pleno del 30 de diciembre. Y la formación replicó que era el pleno quien debía de decidir si votaba o no.
No lo logró y a su vez, se quedó solo en su pretensión ya que tanto Ciudadanos como Esquerra Unida consideraron que ante un informe técnico no se iban a oponer, a pesar de estar a favor de que la asignación no se cuadruplique.
El pleno de ayer estaba vacío de contenido. Duró diez minutos y sirvió para enzarzar en una réplica y contrarréplica al presidente de la institución provincial y al grupo Compromís.
