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Las Cortes aceleran la reforma electoral tras el 20-D para rebajar la barrera al 3%

Compromís pretende agilizar la modificación al separar el debate de la reforma general del Estatuto

Las Cortes aceleran la reforma electoral tras el 20-D para rebajar la barrera al 3%

Las Cortes tienen previsto activar esta semana la comisión especial de estudio sobre la posibilidad de una amplia reforma del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana.

La sesión inaugural, prevista para este miércoles con la constitución de la Mesa, dará el banderazo de salida a una de las comisiones clave de la legislatura porque en ella está incluida la reforma de la Ley Electoral Valenciana. Se trata de una reclamación histórica de los partidos a la izquierda del PSPV que defienden la necesidad de una rebaja del 5% al 3% en la barrera electoral barrera electoral que permite obtener representación parlamentaria en la Comunidad Valenciana. Ello serviría para igualar el listón a la mayoría de autonomías y también al régimen electoral general.

Los resultados de las elecciones generales del pasado mes de diciembre han tenido un efecto acelerador, según admiten las fuentes consultadas. Compromís lleva la bandera en las Cortes de la reforma y su intención es agilizar el debate con la creación de una subcomisión que trate por separado los cambios en la Ley Electoral y especialmente la cuestión de la rebaja del 5%, la más perentoria para las formaciones de izquierda.

A tenor de la extrapolación de los resultados de las elecciones generales del 20 de diciembre, la rebaja de la barrera electoral se convierte en un elemento absolutamente crucial en el juego de las mayorías parlamentarias. Con la actual Ley Electoral, que incluye la barrera del 5%, el resultado otorgaría una mayoría absoluta a la suma de diputados de PP y Ciudadanos, 51 de un total de 99, en el gráfico superior.

Sin embargo, con la rebaja de esa barrera del 5% al 3% el resultado sería otro radicalmente distinto, según recoge el gráfico inferior. En este caso, la entrada en el hemiciclo de Esquerra Unida, que obtuvo el 4,2% del voto autonómico, cambiaría las mayorías. La norma d'Hondt, por la que se rige la distribución de escaños, hubiera otorgado tres diputados a esta coalición, lo que supondría -siempre según la extrapolación de las pasadas generales a unas autonómicas- un cambio sustancial en el resultado final, ya que los partidos de izquierda lograrían mayoría en la Cámara: Compromís-Podemos (25), PSPV (22) y EU (3), es decir 50 diputados de los 99 frente a los 49 del bloque de centro derecha, PP y Ciudadanos.

Un año de comisión

La reforma de la ley electoral implica una modificación del Estatuto, pero esta comisión está previsto que se desarrolle durante al menos un año, lo que dilata el proceso. Por ello, la intención de Compromís es que los primeros cinco o seis meses se centren en el debate de la cuestión electoral, según señala su portavoz en las Cortes, Fran Ferri. Así, una vez se convoque la comisión, Compromís tiene una hoja de ruta establecida para apresurar las reformas electorales necesarias, al entender que la del Estatuto será más lenta.

Con ello se busca dejar abierta una puerta ya que podría darse el caso de que se acercara el final de la legislatura sin reforma del Estatuto. En Compromís entienden que no pueden permitirse llegar al tramo final de la legislatura sin una reforma de la ley electoral, especialmente en la cuestión del listón electoral, ya que supondría perder una oportunidad de oro, con la mayoría de izquierdas en la Cámara, para abordar una cuestión de la que el PP no ha querido saber nada en sus veinte años de mayorías absolutas.

Paralelamente a la acción parlamentaria, la reforma de la Ley Electoral es también uno de los objetivos que se ha marcado el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra para el próximo semestre, como quedó de manifiesto en la reciente «cumbre» de Morella donde el Gobierno fijó sus prioridades en diferentes materias. La Conselleria de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas ya ha puesto en marcha un observatorio que elaborará un informe sobre esta iniciativa legislativa. La intención es realizar un análisis y diagnóstico de la situación, que estará disponible en las próximas semanas y en el que se fijarán las recomendaciones, propuestas de mejora o cambios normativos que deben abordarse. Nueve personas forman ese observatorio presidido por el profesor García Añón.

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