El resultado de la investigación policial que encargó sobre los negocios del empresario Enrique Ortiz con Bancaja. Eso es lo que está esperando el magistrado Manrique Tejada, instructor del proceso abierto por presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, para poner punto y final a una investigación judicial que arrancó en Orihuela en 2007, que se trasladó a Alicante tres años después, que tuvo que ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad por el aforamiento de dos de los imputados (los exalcaldes de la ciudad Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, en aquellos momentos diputados autonómicos) y que el año pasado regresó de nuevo al juzgado de Tejada tras la renuncia de los exregidores a sus escaños en las Cortes.
La ampliación de la investigación del PGOU a las relaciones comerciales entre Ortiz, también imputado en la causa, y Bancaja se produjo el pasado septiembre tras tener conocimiento el magistrado de la existencia de una auditoría realizada por KPMG y encargada por Bancaja, que precisamente le sirvió al banco para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Una medida que dio pie a la apertura, entre otras, de una pieza en el juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional que el pasado julio provocó la detención de la última cúpula directiva de Bancaja y de su filial, el Banco de Valencia: la del expresidente del Consell y de ambas entidades, José Luis Olivas, la de los exaltos ejecutivos Aurelio Izquierdo, José Cortina y Domingo Parra, entre otros, y la de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó por los negocios que con financiación de estas entidades se montaron en el Caribe mexicano.
El informe forensic de KPMG pone la lupa en el «análisis de ciertas operaciones de dudosa racionalidad económica» de Urbanika, la sociedad en la Ortiz y Bancaja unieron sus expectativas de negocio aunque, según concluye la auditoría, con resultados muy distintos para ambos: mientras el empresario alicantino incrementaba sus beneficios y reducía su deuda, lo único que su socia consiguió aumentar fue su riesgo bancario. Acerca de los negocios en los que Ortiz y Bancaja fueron de la mano, la consultora destaca el hecho de que «no se adjunta en ningún caso a los contratos de compraventa de participaciones ningún anexo ni explicación en relación a la determinación del precio de venta, ni tasaciones de los activos ni balance de las sociedades adquiridas».
Tejada remitió el pasado septiembre esta auditoría a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante con el encargo de que se investigara su contenido para determinar si Ortiz pudo servirse de información reservada del PGOU (que le habrían facilitado Alperi y Castedo a cambio de prebendas, como sostienen los investigadores y las acusaciones) para beneficiarse en los negocios que montó con Bancaja a través del grupo Deproimed, que después pasó a ser Urbanika.
Una investigación que, debido al volumen de trabajo al que tiene que hacer frente la UDEF, no estará lista antes de los primeros meses del próximo año. Una vez disponga de ella, el magistrado podría, salvo petición de nuevas diligencias, poner punto y final a una instrucción que está cosechado multitud de críticas por el tiempo que el procedimiento lleva abierto desde que arrancó en Orihuela en el marco de unas pesquisas sobre supuestas irregularidades en la tramitación del plan zonal de basuras de la Vega Baja. El archivo de las actuaciones o el más que probable pase a procedimiento abreviado (lo que equivale al procesamiento) será el siguiente paso a dar por el magistrado.
Archivado en Valencia
Este mismo informe de KPMG ya dio origen en 2013 a la apertura de unas diligencias en la Fiscalía provincial de Valencia que, según la portavoz de este departamento, se acabaron archivando tras la declaración de uno de los entonces directivos de Bancaja. El fiscal encargado del caso llegó a la conclusión de que no había indicios racionales de delito que justificaran el envío del asunto a un juzgado para su investigación.
