Las conversaciones telefónicas que han salido a la luz entre el empresario Enrique Ortiz y el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo -que revelan la participación de ambos en encuentros sexuales con prostitutas celebrados en el yate del constructor- han vuelto a poner de relieve las estrechas relaciones que existían durante los años dorados del ladrillo entre algunos promotores y los ejecutivos de las cajas de la Comunidad. Y, en este caso, el especial interés que tenía Ortiz por llevarse bien con el primer ejecutivo de Bancaja. No en balde, la entidad se convirtió en el principal socio del constructor gracias a su participación conjunta en el grupo Deproinmed (ahora Urbanika), con el que Ortiz llegó a anotarse hasta 389 millones de euros en plusvalías con diversas operaciones.
Así, al menos, se desprende del informe preliminar realizado por la consultora KPMG sobre las posibles irregularidades cometidas en el seno de esta sociedad conjunta, que pretendía impulsar, entre otros negocios, la urbanización del Plan Rabasa de Alicante. Un borrador del documento definitivo que dio pie a la denuncia presentada por los actuales responsables de Bankia ante la Fiscalía Anticorrupción y que, ahora, también se ha remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, el que analiza la redacción del Plan General de Alicante.
En el informe se pone de manifiesto que, tanto Ortiz, como otros socios minoritarios -incluida la propia Bancaja y su filial el Banco de Valencia-, transfirieron a la citada Deproinmed numerosas participaciones empresariales y terrenos a precios sospechosamente elevados para sufragar las distintas ampliaciones de capital que acometió la sociedad. Unos traspasos que permitieron a los socios -y, muy especialmente, al promotor alicantino- anotarse jugosas plusvalías, a pesar de que las operaciones se realizaron entre 2008 y 2010, cuando la burbuja inmobiliaria ya había estallado. Así, no es de extrañar que los técnicos de la caja valenciana se opusieron a la mayoría de ellas.
Un «pelotazo» de 40,5 millones
La primera operación que analiza KPMG es la relativa a Vistahermosa Ciudad SL, una compañía que crearon Enrique Ortiz y la inmobiliaria Espacio a partes iguales en el año 2000 y cuyo principal activo eran diversos terrenos en La Vila y en el PAU 3 de Alicante -en las zonas de Vistahermosa, La Albufereta y la Playa de San Juan-, que se habían adquirido gracias a la generosa financiación de diversas entidades. En abril de 2009, Ortiz le vendió su participación a Bancaja Hábitat por 43,5 millones de euros, lo que supuso una plusvalía para el constructor de 40,5 millones. Más tarde, Espacio utilizó su parte del accionariado para suscribir una de las ampliaciones de capital de Deproinmed, con lo que también se anotó una ganancia de 46,5 millones. Por el contrario, Bancaja, que decidió destinar su recién adquirida participación para el mismo fin, no logró ninguna plusvalía.
Más jugoso todavía fue el «pelotazo» que el propietario del Grupo Cívica logró con Inmovist Inversiones Inmobiliarias SL., con suelo en la zona de Vistahermosa, en el plan parcial El Pino-Ruaya de Alicante, además de otros terrenos en municipios como Polop o Benidorm, donde poseía una parte del Plan Armanello. Tras varios intercambios accionariales, Ortiz acabó colocando el 50% de esta firma a la sociedad conjunta con Bancaja por 65,3 millones de euros, de los que 59,1 millones fueron de plusvalía, según el análisis realizado por la consultora, que recuerda que Ortiz también era el agente urbanizador del plan benidormí. En este caso se trató de una compra directa, es decir, Deproinmed (ahora Urbanika) adquirió las acciones, para lo que tuvo que solicitar un préstamo de Bancaja, que la entidad concedió contra el criterio de sus técnicos.
Plan Rabasa
Pero las operaciones más cuantiosas y las que más beneficios aportaron al constructor fueron las relacionadas con Viviendas Sociales del Mediterráneo (Visomed), la sociedad que resultó adjudicataria de la urbanización del Plan Rabasa, otro de los casos de supuesta corrupción por los que se investiga a Ortiz, además del caso Brugal y de los ya citados del Plan General de Alicante, y el que instruye la Audiencia Nacional por el supuesto perjuicio ocasionado a Bancaja.
Creada en 2002, con un 85% de participación de Ortiz y el restante 15% repartido entre otros constructores locales, como CHM, y la CAM; en octubre de 2008 el promotor logró colocar un 20% de la firma a Bancaja por 44 millones de euros a pesar de que el capital social de la misma apenas era de 60.000 euros y de que, al contrario que el resto de sociedades mencionadas, no poseía activos. Cómo es lógico, tampoco en esta ocasión los técnicos de la caja estuvieron muy de acuerdo, aunque de nada sirvió. Es más, apenas seis meses después, en marzo de 2009, Ortiz repitió la jugada y le vendió otro 10% al Banco de Valencia (filial de Bancaja) por otros 22 millones de euros.
Pero el bocado más grande todavía estaba por llegar. Fue en julio de 2010, cuando el propietario del Grupo Cívica utilizó las restantes acciones que le quedaban de esta sociedad para suscribir otra de las ampliaciones de capital de Deproinmed con la que pudo anotarse una «plusvalía tácita», según KPMG, de 110 millones de euros. Si se suman los 22 millones que también le pagó Espacio por llevarse otro porcentaje de la compañía, en total Ortiz «ganó» 198 millones con esta sociedad.
Más suelo
Pero no fueron únicamente participaciones empresariales lo que el polémico promotor traspasó a la sociedad conjunta con Bancaja con pingües beneficios. En otras ocasiones fue directamente suelo lo que se utilizó como aportación a Deproinmed, siempre con valores superiores a lo que había costado originalmente. Así ocurrió cuando transfirió al grupo la propiedad de dos parcelas que tenía en el sector de las Torres de la Huerta de Alicante, que valoró en 18,3 millones, 15 más de lo que pagó por ellas sólo unos días antes.
Con los terrenos que tenía en el Plan Rabasa y que también aportó como capital del grupo pudo contabilizar otros 63,2 millones en plusvalías y con la venta de otra parcela en el Plan Armanello de Benidorm ganó 35,2 millones. Claro que no fue el único, Bancaja también ganó unos «modestos» 2,8 millones al aportar una parcela en Benalúa y el Banco de Valencia consiguió 14,3 millones.
