El conflicto abierto en las últimas semanas entre el presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, y el jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, no parece vislumbrar en el horizonte la firma de ningún «alto el fuego». Más bien todo lo contrario. El último choque entre ambos pesos pesados tiene como detonante el plan de libros gratuitos -Xarxa Llibres-, que promueve el Gobierno valenciano.
El jefe del Consell, acompañado por el conseller de Educación, Vicent Marzà, firmó el pasado 12 de noviembre con el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, el convenio de colaboración para la gratuidad de los libros de texto para el alumnado y la creación de bancos de libros de texto de los centros educativos. Ayer, apenas dos semanas después, se volvió a repetir el protocolo. En este caso, en la Diputación de Castellón, lo que introducía pimienta al acto, ya que la institución la dirige el Partido Popular, al igual que en Alicante.
Sin embargo, el máximo dirigente de la Diputación alicantina, César Sánchez, aún no tiene fecha para recibir al presidente de la Generalitat Valenciana. Y la firma institucional va para largo.
Las tensas relaciones entre ambos mandatarios -cuyo enfrentamiento empezó con la exclusión de César Sánchez del Consejo de Administración del Puerto por decisión de la Generalitat- crecen día a día. Desde el Palacio provincial sostienen que la firma de la adhesión de la Diputación de Alicante al plan que promueve el tripartito no será inmediata, pese a ser la única institución provincial que falta por firmar a día de hoy. Primero, dicen, fue conocer el número de municipios de la provincial que se sumaban al proyecto de libros gratuitos. Una vez sabida la cifra, continúan, la Diputación debe conseguir el dinero suficiente para cumplir con la parte que requiere la Generalitat Valenciana para el plan Xarxa Llibres. Por ahora, el pleno provincial aprobó una partida de 2,4 millones de euros, lejos de los casi 6 millones que presumiblemente tendrá que poner la Diputación durante este año 2015. Y una vez la institución logre la consignación presupuestaria, tras una modificación de crédito, será el turno de firmar la adhesión con el jefe del Consell y el conseller de Educación. Eso son, al menos, los plazos que se ha marcado la Diputación que dirige César Sánchez. Así, el acto protocolario aún no tiene fecha en la agenda oficial de Presidencia del Palacio provincial.
La tensa relación entre ambos mandatarios se inició con la exclusión del presidente de la Diputación del Consejo del Puerto de Alicante. De hecho, tuvo que intervenir el Gobierno central -cambiando los asientos que le corresponden en el órgano- para que el popular César Sánchez tuviese su sitio en el Puerto, que dirige el socialista Juan Antonio Gisbert.
Poco después se inició otra batalla entre ambas instituciones, después de que el Consell anunciara que desarrollaría tras las elecciones generales una ley para que la Generalitat pueda tomar el mando de la Diputación y frenar así su contrapoder. Una propuesta que discutió el mismo líder de los socialistas, Pedro Sánchez, quien se mostró a favor del papel de las diputaciones. El dirigente alicantino incluso acusó a Ximo Puig de querer acabar con las provincias. Y luego llegó la presentación del informe sobre la zona franca en la OAMI, un acto en el que César Sánchez invitó al candidato del PP García-Margallo pero no al jefe del Consell.
