Estrechar el control sobre los planes urbanísticos en la Comunidad. Con este objetivo, los grupos de izquierda de las Cortes y Ciudadanos avalaron ayer al Consell para que pueda vetar planes urbanísticos como el proyectado en los terrenos de Rabasa, en Alicante. Es decir, proyectos que sufran una alteración manifiesta de las circunstancias socioeconómicas y del mercado inmobiliario. El Tribunal Supremo confirmó este año la anulación definitiva del polémico plan que comenzó su tramitación hace una década y preveía la construcción de 13.500 viviendas a las afueras de Alicante.
El pleno de las Cortes dio ayer la luz verde, con los votos a favor de PSPV, Compromís, Podemos y C's y la abstención del PP, una propuesta en la que se pide al Consell que habilite un procedimiento específico que permita declarar la inadecuación del modelo territorial de planes urbanísticos presentados por los ayuntamientos si presentan «alteración manifiesta de las circunstancias socioeconómicas y de mercado inmobiliario, y sin incurrir en responsabilidades patrimoniales graves».
El acuerdo de cuatro de los cinco partidos con representación en la Cámara surgió tras una proposición no de ley presentada por Ciudadanos, sobre la que hubo una enmienda transaccional de todos los grupos excepto del PP. El documento contempla también que en caso de declararse la inadecuación de estos planes urbanísticos se proceda a la restitución de los suelos, de modo que su clasificación responda a su uso originario o real. La propuesta de Ciudadanos, que rebajó sus términos iniciales para poder salir adelante con el apoyo de la izquierda, también propone que el Consell inste a los ayuntamientos a que apliquen criterios de crecimiento urbanístico sostenible, que inscriban en el registro de licitadores y empresas clasificadas a los urbanizadores que hayan incumplido sus obligaciones, que resuelvan los programas incumplidos y que aquellos propietarios de suelos urbanizables que lleven sin edificar diez o más años no puedan ejercer como urbanizadores en nuevos programas.
La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento autonómico, Carolina Punset, defendió su propuesta por ser «el inicio de un cambio en la Comunidad Valenciana en relación a la política de saqueo que se ha llevado a cabo» y «una determinación firme para cortar el círculo vicioso en el que nos metió la especulación», que ha llevado a dejar terrenos abandonados, muchos sin edificar, «ante la mera sospecha» de que el suelo fuera a ser declarado urbanizable.
