La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que tiene asignadas las competencias de Función Pública, bloqueó ayer el cambio legal que pretendía introducir el departamento de Hacienda a través de la ley de acompañamiento para poder crear «comandos especiales» de funcionarios para trabajar a las órdenes del presidente y los consellers. Un informe de la Dirección General de la Función Pública realizado in extremis a lo largo de la mañana fue determinante para dar a la titular de Justicia, Gabriela Bravo, la base jurídica para rechazar una propuesta que ayer generó un nuevo incendio en el Consell bipartito. La propuesta, de la que informó ayer INFORMACIÓN, ha suscitado, de un lado, el primer desencuentro serio entre los sindicatos y el Ejecutivo de Ximo Puig y, de otro, un nuevo conflicto entre conselleries, en este caso entre Justicia y Hacienda.
Tal como contó ayer este diario, el Consell pretendía crear unidades administrativas de apoyo temporal formadas por funcionarios cualificados procedentes de cualquier conselleria o firmas públicas. La iniciativa, amagada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2016, no se había consensuado previamente con los sindicatos y, lo que ha acabado siendo más grave, con el área de Función Pública a pesar de afectar a cuestiones básicas del personal. Diversas fuentes consultadas por este diario confirmaron ayer que el departamento que dirige Vicent Soler ejecutó la idea (al parecer a petición de Presidencia) mediante la modificación de la ley de racionalización del sector público y sin informar a la conselleria que dirige Gabriela Bravo. Prueba de ello, es que Función Pública no había emitido informe sobre un articulado que afecta directamente a la estructura de la Administración y a sus empleados públicos. La ley debía aprobarse en el pleno del Consell de mañana jueves.
