El Consell de Ximo Puig desmanteló nada más aterrizar en la Generalitat la cúpula funcionarial heredada del anterior Ejecutivo popular. Salvo excepciones, el grueso de altos funcionarios han sido reasignados a otros puestos para dejar sitio a los empleados «de confianza» del nuevo Gobierno bipartito. Los cambios se han hecho mediante adscripción provisional, ya que no se ha convocado ningún concurso. Pero el trasiego funcionarial no quedará ahí.
El presidente y sus consellers quieren también poder contar con un equipo de empleados públicos cualificados al margen de los que les ha correspondido en la relación de puestos de trabajo de sus respectivas conselleries. Y para ello, podrán «a propuesta del presidente de la Generalitat o de los titulares de las conselleries» crear «por acuerdo del Consell «unidades administrativas de apoyo temporal» con empleados públicos que «aporten conocimiento pluridisciplinar necesario para la atención de los objetivos que se le asignen».
Para poder formar esta suerte de equipo élite de, el Consell tiene previsto modificar la ley de racionalización del sector público a través de ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016. La modificación legal, a la que ha tenido acceso este diario, podría no ser pacífica, dado que se da potestad al Consell para llevarse a su departamento funcionarios que trabajan en otras conselleries. No serán necesarios concursos de traslado, ni comisiones de servicios. Se trataría, según confirman fuentes sindicales consultadas por este diario, de una reasignación de funcionarios arbitrario y de difícil encaje legal.
Los empleados públicos seleccionados, según se recoge en el texto, podrían provenir de cualquier lugar de la Generalitat, incluido su sector público: tanto personal funcionario, como estatutario y personal laboral. El artículo añade que tendrán autonomía respecto a sus conselleries de origen.
Por otro lado, el texto deja claro el carácter elitista de estos funcionarios, ya que podrán disponer de «instalaciones propias para el desarrollo en equipo de su labor, con plena o mayoritaria dedicación al mismo». La unidad tendrá una duración temporal y se extinguirá cuando se haya cumplido el objetivo específico. El texto no especifica que tipo de tareas tendrá que hacer este personal ni siquiera el rango administrativo ni su estructura interna. «Será las que se establezcan en cada caso, teniendo en cuenta la complejidad y dificultad de las tareas asignadas».
Este cambio no es el único que se plantea en la ley de acompañamiento con el objetivo de reubicar funcionarios. En otro apartado, se recoge la creación de unidades administrativas de servicios comunes adscritas a una conselleria. En este caso, la unidad también puede estar integrada por personal de cualquier conselleria o empresa pública y formada por profesionales que «acrediten su especialización en una materia específica o campo de conocimiento concreto».
A diferencia de las unidades de apoyo temporal, las de servicios comunes parecen tener un fin más específico: prestar a la organización de la Generalitat una oferta de asistencias técnicas en forma de servicios especializados. Para crearlas no será suficiente con un acuerdo del Consell. Será necesario un estudio de la demanda interna de sus servicios realizado por la Conselleria de Hacienda. Estas unidades prestarán sus servicios a varias conselleries.
Esta medida busca poner fin a las asistencias técnicas y externalización de servicios que han proliferado en época popular y de cuya existencia de han quejado reiteradamente los sindicatos y la Sindicatura de Comptes. Ahora bien, estas unidades podrían encontrar los mismos obstáculos legales que las unidades de apoyo temporal por la presunta arbitrariedad en la selección del personal público. En una administración como la Generalitat donde la promoción interna y los concursos de traslados llevan años paralizados, la iniciativa del Consell puede ser mal recibida. El anteproyecto de la ley de acompañamiento está pendiente de los informes de los órganos consultivos.
