Colorín, colorado... La legislatura se cerró en Madrid sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya resuelto ninguno de los dos grandes problemas que arrastra la Comunidad: el expolio de la financiación autonómica, que ahoga la gestión de los servicios públicos; y el déficit de inversiones. En total, tal y como cuantificaron los empresarios y la comisión de expertos de las Cortes, más de 20.000 millones de euros -unos tres billones y medio de las antiguas pesetas- que han «volado» hacia otras autonomías en detrimento de los ciudadanos valencianos. Ni se ha reformado el modelo de financiación autonómica ni tampoco arranca el trámite de la reforma del Estatuto en el Congreso para «blindar» un volumen mínimo de inversión en las tres provincias de la Comunidad.
Ni una cosa ni otra ha puesto en marcha el Gobierno del PP cuando disponía de mayoría absoluta en las Cortes Generales para poder iniciar ambos procesos. La financiación autonómica -el Consell deja de percibir unos mil millones anuales- lleva caducada desde enero de 2014 y, desde entonces, de forma sistemática el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha negado a variar un modelo que mantiene a la Comunidad en el furgón de cola de ese reparto de fondos. «El presidente del Gobierno no cumple lo que promete», denunció el número uno socialista al Congreso, Julián López Milla. «En 2014 pidieron un informe a la Generalitat sobre el cambio de modelo con el que no hicieron nada. Y en julio de este año nos han pedido otro que devolvieron en septiembre con una síntesis de todas las propuestas. O sea que nada tampoco», relató López Milla, aún secretario autonómico de Hacienda.
No ha hecho nada Mariano Rajoy con la financiación pero tampoco con la reforma del Estatuto que salió de las Cortes Valencianas y que proponía blindar las inversiones del Estado en la Comunidad. Hace unas semanas, los populares hicieron el «paripé» de aprobar su admisión en Madrid pero, sin embargo, en el cierre de la legislatura decidieron, para quitarse de encima el marrón, retrasar el plazo de enmiendas lo que envía el debate, como pronto, al arranque de la próxima legislatura. Otra cosa que también queda en el aire. De forma global, por ambos, conceptos, la Comunidad estaría dejando de ingresar más de 1.500 millones anuales.
En estas condiciones, el nuevo Consell de izquierdas formado por los socialistas y Compromís afrontará esta semana la presentación de su primer presupuesto. Se aprobará el jueves en una sesión extraordinaria del Gobierno y el conseller Vicent Soler lo llevará un día más tarde a las Cortes. El propio Soler avanzó ayer que «las dos partidas de gasto que más van a aumentar de forma relativa en los presupuestos para 2016 son las políticas para dependencia e inclusión y las políticas de vivienda social, partidas esenciales ligadas con los servicios básicos». «Tenemos poco dinero para elaborar los presupuestos y debemos utilizarlo bien, haciendo políticas de interés general y no de intereses particulares», explicó.
