12.433 millones de euros. Esta es la cifra cifra del agravio que, según los cálculos del Consell de Ximo Puig, padecen los valencianos como consecuencia de la aplicación durante doce años de un modelo de financiación que condena a la Comunidad Valenciana al furgón de cola de las autonomías peor financiadas. El dato está recogido en el informe que la Conselleria de Hacienda ha remitido al Gobierno y cuyo objetivo es sustentar con números la reivindicación política de un cambio de modelo que acabe con la infrafinanciación. El documento, que se analizará en el grupo de trabajo sobre el sistema de financiación aún por convocar, no es del todo nuevo. Recoge los trabajos realizados por el anterior Consell, si bien los datos «brutales y crueles», según el conseller de Hacienda, Vicent Soler, están actualizados al incorporar los relativos a la última liquidación del modelo (la de 2013), al tiempo que añaden otras cifras que certifican que el modelo de 2002 es una rémora para el crecimiento económico y las políticas públicas de la Generalitat.

Soler, que presentó el informe junto al secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación, Julián López, fue contundente al afirmar que la única manera de salir del «agujero» es cambiar por completo el modelo, es decir, acabar con el actual status quo del reparto de los fondos. «Es un modelo injusto, escandalosamente antidemocrático y anticonstitucional», clamó el titular de Hacienda, quien describió un panorama desolador si no se pone fin al «maltrato histórico». «No podemos pagar los servicios básicos, ni cambiar el modelo económico sin recursos», indicó. «Estamos hartos de ser el Levante feliz, queremos ser un problema de Estado», manifestó. Admitió que no era optimista respecto a las negociaciones en Madrid y denunció el «chantaje» al que el Gobierno somete a las comunidades «revoltosas» pues en su mano tiene cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Con el fin de presionar a Rajoy, el Consell reclamará estos 12.433 millones de déficit acumulado entre 2002 y 20013. Se trata de 210 euros menos por habitante y año. La cifra, además, no incluye el coste que la Generalitat se habría ahorrado en intereses por la deuda emitida estos años. De hecho, una financiación adecuada habría evitado la mitad del crecimiento de la deuda contraída en ese periodo.

Por otro lado, el Consell ha utilizado los datos del Ministerio de Hacienda sobre balanzas fiscales para incorporar en el informe otra reclamación con enjundia: la mejora del saldo fiscal en 5.877 millones para ser acorde a su renta per cápita, 12 puntos inferior a la media española. Soler denunció la anomalía que supone que «los valencianos sean como Robin Hood, pero al revés: el pobre le da al rico». Frente a la situación de 2012 (la balanza fiscal fue negativa en 1.453 millones), el Consell reclama un saldo fiscal positivo de 4.424 millones.

El documento recoge otras hipótesis jugosas sobre cómo mejoraría la situación de las arcas autonómicas con más recursos. Con la mejor financiación (la de Cantabria) durante doce años, la Generalitat habría disfrutado de 44.000 millones de euros; no habría tenido que endeudarse más y habría podido gastar 20.000 millones. En su exposición, López trató de evidenciar cómo el sistema no cumple los criterios de suficiencia y equidad: unas comunidades están sobrefinanciadas para cubrir los servicios públicos, mientras que a la valenciana no le llega ni para cubrir los servicios básicos.