El fundido a negro de las emisiones de Canal 9 pasará a la historia el próximo Nou d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, y fecha en la que los socios del Acuerdo del Botánico pactaron ayer «in extremis» el encendido simbólico para emitir contenido enlatados del archivo audiovisual de RTVV, probablemente dibujos animados o capítulos de la serie «La Alquería Blanca». El acuerdo se alcanzó entrada la noche tras un largo encuentro en el Palau de la Generalitat entre el presidente , Ximo Puig; el responsable de Podemos, Antonio Montiel; la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, y el comisionado de RTVV, José Maria Vidal.

Puig y Oltra se emplearon a fondo para vencer las reticencias de Montiel, quien al inicio del encuentro se mostró en desacuerdo con esa reapertura provisional. Pese a los avales que le daba Presidencia (ha sometido el asunto al escrutinio de la Abogacía de la Generalitat), Montiel no veía clara la iniciativa desde el punto de vista legal, al tiempo que, en sintonía con los extrabajadores de Canal 9, pensaba que emitir productos enlatados podría no cubrir las expectativas de la ciudadanía. Puig y Oltra defendieron durante la reunión la idea, entre otros motivos, por la fuerza simbólica que supone devolver el color al canal de RTVV. Montiel finalmente cedió, si bien condicionó su «sí» a que las emisiones no incorporen las retransmisiones del Canal GVA, por donde se emiten los plenos del Consell y de las Cortes. Para el responsable de Podemos, estas emisiones podrían interpretarse como una injerencia política. Puig y Oltra estuvieron de acuerdo. El «sí» de Montiel da vía libre a la hoja de ruta prevista y que pasa por desbloquear de manera urgente los cerrojos legales que dejó echados el PP antes de pasar a la oposición. Tal como adelantó este diario, Presidencia tiene lista una proposición de ley para anular el decreto-ley del Consell de Fabra por el que se suprimió el servicio público de RTVV. Si los planes no se tuercen, la ley se aprobará el próximo día 9 de septiembre, primer pleno de las Cortes. Este paso es necesario para allanar el camino legal para reanudar las emisiones el Nou d'Octubre, un proceso que se llevará a cabo sin trabajadores y prácticamente gratis.

En medio de las negociaciones, la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, añadió ayer otro elemento de incertidumbre jurídica al anunciar que su partido irá a los tribunales si se produce una reapertura provisional. El PP entiende la reapertura como un fraude de ley y un fraude moral «contra la sociedad y los extrabajadores de la televisión con los que se comprometió a abrirla con los 1.600 empleados». «Si abren el 9 de octubre de forma provisional sería una tomadura de pelo», concluyó.