Los firmantes del Acord del Botànic, PSPV, Compromís y Podemos, tienen prácticamente cerrada la hoja de ruta para poner fin al apagón de Canal 9 y la idea es hacerlo coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana. Para conseguir este objetivo, las Cortes deberán aprobar en su primer pleno del mes de septiembre una ley que derogue el decreto-ley del Consell de Alberto Fabra por el que se suprimió el servicio público de Ràdio Televisió Valenciana y que, al mismo tiempo, autorice al nuevo Ejecutivo a emitir por el múltiplex, propiedad de la Generalitat, por el que emitía Canal 9. Este atajo legal es, según fuentes de Presidencia, el camino más corto y seguro desde el punto de vista jurídico para que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pueda cumplir su compromiso de que las emisiones de la televisión valenciana se reanuden el 9 d'Octubre.

Será, en todo caso, un encendido «simbólico», según admitieron las fuentes consultadas, ya que los ciudadanos sólo podrán ver contenidos del archivo audiovisual de RTVV, probablemente capítulos de la serie l'Alquería Blanca o dibujos animados en valenciano. Presidencia de la Generalitat, que nombró un comisionado (el profesor de Derecho Constitucional y experto en comunicación José María Vidal) para estudiar como reabrir RTVV, tiene descartado cualquier tipo de producción propia. Como mucho, se retransmitirá el acto institucional utilizando la señal del canal de la Generalitat que emite por internet los plenos de las Cortes.

José Maria Vidal ha mantenido encuentros a lo largo del verano tanto con los responsables de los partidos del Acord del Botànic como con los extrabajadores de Canal 9. Estos últimos exigen al nuevo Gobierno que anule el ERE de extinción (finalizó el 30 de junio) y readmita a los 1.600 trabajadores para, posteriormente, plantear un nuevo expediente de regulación de empleo pactado con los sindicatos. Vidal comunicó hace unas semanas al colectivo de extrabajadores de Canal 9 que esa opción era inviable y les ofreció la posibilidad de abrir una tele provisional con unos cuantos trabajadores. La oferta, sin embargo, fue rechazada de plano por los representantes de los trabajadores, de tal manera que Presidencia ha optado por un plan B, que pasa por las emisiones en lata sin que tenga que utilizarse ningún recurso humano ni material. De hecho, en el Palau de la Generalitat se trabaja con pies de plomo para evitar que el embrollo jurídico que supone la apertura de RTVV se complique aún más con cientos de denuncias de los exempleados.

En principio, la alternativa escogida ha sido consultada con la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, y con Antonio Montiel, responsable de Podemos, si bien el acuerdo no está cerrado al cien por cien. En los próximos días se producirán más reuniones.