Que quien fuera alcalde de Alicante por el PP durante 13 años y diputado autonómico en la recta final de su carrera política, Luis Díaz Alperi, llevaba un ritmo de gastos que superaba en mucho a sus ingresos conocidos es algo de lo que no deja duda el informe que sobre el patrimonio del exregidor se ha elaborado en el marco del proceso que investiga los presuntos amaños del PGOU, un estudio que ayer fue notificado a las partes y al que ha tenido acceso este diario.
En esta causa, además del exregidor, y entre otros, está imputada su sucesora en la Alcaldía, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz. A ambos políticos se les imputa haber facilitado al promotor datos reservados del planeamiento urbano de Alicante a cambio de unas prebendas que son las que, en el caso de Alperi, se han tratado de localizar con esta investigación. El informe patrimonial de Castedo no reflejó incremento patrimonial alguno.
Elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada de Policía Judicial de Alicante, el informe revela situaciones tan paradójicas como que alguien con solvencia para permitirse pagar 300.000 euros por un catamarán (de los que la mitad, según las pesquisas, son de origen desconocido) o con capacidad para saldar una deuda tributaria de un millón de euros contraída de su etapa como empresario antes de su llegada al Ayuntamiento, viva de alquiler (aunque a Hacienda no le consten los pagos) y no figure a su nombre en el Catastro ningún inmueble «urbano, rústico o especiales». Y eso aunque es hombre con suerte al que llegó a tocarle hasta en once ocasiones la lotería en menos de dos añosllegó a tocarle hasta en once ocasiones la lotería en menos de dos años, lo que le supuso unos ingresos de más de 120.000 euros.
Empresas de Ortiz y Solana
Entre los varios miles de folios que conforman los seis tomos y cuatro anexos que desde hace unos días obran en poder del instructor del proceso, el magistrado Manrique Tejada, los agentes de la UDEF llaman la atención sobre el abono de la deuda con Haciendadeuda con Hacienda, un asunto objeto de otro proceso en el que Alperi está acusado de tres delitos fiscales junto a su amigo y expresidente del Alicante Antonio Solana y a un empresario de Madrid, Antonio Moreno, quien supuestamente ayudó al exalcalde a ponerse al día con el erario público.
Según recoge el informe, «Moreno es administrador en mercantiles relacionadas con la gestión de empresas y auditor, además de gestor de inversiones extranjeras para terceras personas o empresas de Eurocasillas S.L.», cuya sede social, en la capital, se encuentra en la misma dirección que la mercantil pagó la deuda de Alperi mediante la ejecución de un aval.
Se refieren los investigadores a Eurocasillas como «una empresa que posee grandes inversiones en el extranjero, si bien hay indicios de que en realidad se ocupa de gestionar dichas inversiones a terceras personas o empresas presuntamente con el fin de ocultar la verdadera procedencia o identidad de los reales propietarios, por lo que en ciertos casos se puede tratar de inversiones procedentes de beneficios producto de actividades que han escapado al control de la Hacienda Pública, los cuales se han ocultado fuera de España».
Para los agentes, cabe la posibilidad de que el pago del aval se haya canalizado a través de esta empresa y apuntan a la posibilidad de que «el propio Enrique Ortiz esté detrás de dicho aval». Plantean por ellos que cabría investigar si en realidad Solana y otro empresario, José Antonio Baos, «han hecho de pantalla» para ocultar la verdadera procedencia del pago del millón que debía Alperi «pudiendo provenir de inversiones ocultas en el extranjero cuya titularidad sea de Enrique Ortiz o del propio Alperi». O bien que se haya realizado el pago a través de Solana y de Baos «si bien la procedencia real de ese dinero sea de Enrique Ortiz a través del entramado de empresas interrelacionadas Construcciones y Desarrollos Playa de Poniente S. A. e Iniciativas Comerciales de Benidorm S. L., administradas y gestionadas por Enrique Ortiz y Antonio Solana».
